2/7/04

El juicio por jurado, una forma de privatizar la justicia


Por el Dr. Jorge Horacio Gentile

Dr. Jorge Horacio Gentile

Extractos:
 
Buscar solución a los problemas de seguridad con el juicio por jurado es muy peligroso. Si el sistema es tan bueno, como el proyecto dice, y realmente sirviera para democratizar la justicia ¿por qué no se aplica también a las causas civiles y a las criminales en la etapa de la acusación o investigación de los delitos como en Estados Unidos?
 
Los proyectos de Menem y de Kirchner se circunscriben a algunas causas penales y no resuelve ningún problema, ya que las sentencias no seran más justas, ni el juzgamiento más rápido. El sistema es más costoso, ya que no se suprimen tribunales ni se despiden jueces, pero se agregan jurados, que tendrán que cobrar viáticos y remuneraciones y habrá que ponerles custodia para su seguridad.

No es cierto que con ello se democratiza la Justicia, ya que los jurados no representan a nadie, no son mejores que los demás ciudadanos, y carecen de idoneidad, por no haber sido seleccionados, sometidos a concurso, ni designados por su mejor conocimiento del derecho, ni del arte de juzgar, ni por su ética. Además, al no estar sometidos a juicio político carecen de la responsabilidad que se le exige a los jueces. Al prohibirse a los abogados ser jurados, se proscribe a quienes están más preparados. Nada de esto garantiza un “cambio sustancial” que asegure “imparcialidad, transparencia y eficacia”.

Los problemas de seguridad no tienen soluciones mágicas, y las responsabilidades de la Justicia en los mismos, no se superan con sustituir a los jueces por ciudadanos seleccionados por el sorteo, o sea privatizando el servicio de justicia. No hace mucho la magia de las privatizaciones nos dejó una experiencia que no nos gustaría repetir a los argentinos. No volvamos a tropezar de nuevo con la misma piedra.
 

Dr. Jorge Horacio Gentile
Doctor en derecho y ciencias sociales. Es Profesor Titular Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ex diputado de la Nación.

12/2/04

Psicosociología del derecho: algunas delicias de los juicios por jurado

Por el Dr. Carlos María Alcover de la Hera

Dr. Carlos María Alcover de la Hera
Doctor en Psicología
 
Extractos:
 
Las recusaciones de los jurados pueden ser con o sin causa. Los abogados y el fiscal entrevistan y pasan cuestionarios a los posibles jurados para su selección.

El gran problema de las recusaciones es que el jurado pueda convertirse en menos representativo. Supongamos por ejemplo, un caso de violación a una joven. El abogado defensor podría intentar eliminar del jurado a todas las mujeres o al menos a todas las que tuvieran una edad similar a la agredida por considerarlas sesgadas hacia el veredicto de culpabilidad. Si el jurado quedara compuesto exclusivamente por hombres, quedaría desvirtuado al perder completamente su intención representativa de la sociedad. Un juzgado poco representativo tiene mayor riesgo de estar realmente sesgado.
 
La complejidad de un juicio puede provocar que algunos jurados (aquellos con nivel aptitudinal más bajo) no puedan seguir completamente el resultado del mismo, ni comprender algunas de las evidencias o testimonios presentados. Incluso se ha llegado a afirmar que los miembros del jurado a veces no entienden ni la mitad de las instrucciones del juez (Reifman, Gusick y Ellsworth, 1992).
 
Los prejuicios y los estereotipos juegan un papel destacado en el sentido del voto de los jurados (Dane, 1992).
 
¿Qué sucede cuando el imputado resulta simpático o antipático a los miembros del jurado? ¿Dejarán en libertad al que les cayó bien y encarcelarán al que les cayó mal? Cuando se trata de emitir un veredicto difícil, cuentan tanto los hechos como los posibles prejuicios que pueda provocar la imagen que proyecta el acusado.
 
Personas de razas o procedencias distintas a las de la mayoría de la población de un país, y que además son de un estrato social bajo, tienen mayores posibilidades de ser consderadas culpables en un juicio (Kapardis, 1997).
 
Carlos María Alcover de la Hera
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid

Libro: "Introducción a la psicosociología del derecho"
Editorial Dykinson
2004

6/10/03

Alegato contra el jurado popular

Por el Dr. Enrique Gimbernat Ordeig

Dr. Enrique Gimbernat Ordeig

Extractos:

El sistema del jurado popular, es decir: de enjuiciamiento de los acusados por un tribunal compuesto exclusivamente por personas legas en Derecho, es el vigente en los países que se rigen por el modelo jurídico anglosajón (significativamente, en el Reino Unido y en EE.UU.). Por sólo hacer referencia a éste último país, el fracaso espectacular de dicho sistema se sigue, entre otros, de los siguientes datos y consideraciones.

Únicamente el 5% de los delitos susceptibles de ser conocidos por el jurado llegan a la fase del juicio oral ante aquél, mientras que la práctica totalidad de los restantes termina con un "plea bargaining", una institución mediante la cual, a cambio de admitir su responsabilidad penal, el fiscal cambia su calificación inicial de, por ejemplo, asesinato por la de homicidio, o la de homicidio intencional por la de homicidio imprudente, librándose así el procesado de la sobrecogedora perspectiva de poder ser condenado por un jurado a la pena capital.

Como señala el catedrático de Derecho penal de Yale John H. Langbein, «la práctica del "plea bargaining" transfiere el poder de condenar al fiscal..., concentrando en éste tanto el poder de decidir sobre la culpabilidad como sobre la determinación de la pena»; de esta manera, en EE.UU. casi todos los delitos son juzgados ―puenteándose así al jurado― por una de las partes: por el fiscal, sin que el reconocimiento por el acusado de que es culpable signifique indicio alguno de que realmente lo sea, ya que ese reconocimiento es uno coaccionado, y ya que, como señala Langbein, «a medida que aumenta la diferencia entre la pena ofrecida a quien se declara culpable y la pena amenazada para ser condenado en juicio, la inducción a confesar es más intensa aún».

Los tribunales de los Estados Unidos han condenado a la pena de muerte a, por lo menos, 72 personas que fueron después completamente rehabilitadas por los Estados.

Con todos mis respetos para el arquitecto y el ingeniero, para la hacendosa ama de casa, para el honrado dependiente de la tienda de ultramarinos y para el respetable sexagenario que acaba de aprender a leer y a escribir, a los que se les impone, bajo la amenaza de incurrir en un delito, la obligación de formar parte de un jurado, los principios sobre valoración de la prueba, y muchos otros establecidos por la jurisprudencia para garantizar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, su aplicación al caso concreto, y el enlace lógico de todo ello, es algo que no se puede aprender, por así decirlo, «en dos tardes», sin que tampoco se alcance a comprender por qué los ciudadanos corrientes norteamericanos que integran sus jurados ―con su pavoroso curriculum de errores judiciales― tienen que ser menos influenciables y menos sabios que los españoles que ejercen la misma función juzgadora.
  

Dr. Enrique Gimbernat Ordeig 
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los más brillantes penalistas de habla hispana, que ha escrito obras que destacan en la literatura especializada.

Publicación "El Mundo"
6 de Octubre de 2003

10/10/00

Juicio por jurados: ¿fortalecimiento de la democracia?

Por el Dr. Rogelio P. Yurman

Libro del autor del artículo

Extractos:

De los argumentos contrarios, sí merece destacarse el que hace a la ausencia de motivación de los veredictos del jurado, toda vez que si se sigue estrictamente la versión anglosajona, es sabido que sus miembros no tienen la obligación de motivar sus decisiones, bastando el recurso a la íntima convicción.


La intervención de legos resulta incompatible con el seguimiento de las secuencias del proceso y, especialmente, con el régimen de valoración de la prueba por medio de la sana crítica racional que conduce a la fundamentación de las sentencias, entendida ésta como una exigencia de racionalidad republicana y como un límite a los excesos de discrecionalidad.

De los diversos sistemas de valoración de las pruebas, el que mejor se compagina con el proceso penal, siempre bajo la órbita de un gobierno republicano y democrático, es el de la sana crítica racional, que supone, como bien dice Couture que "... el juez no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre o íntima convicción. La sana crítica es, por otro lado, la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento".

En nuestros sistemas de enjuiciamiento penal, a un juez técnico estaría completamente vedado, no ya condenar o absolver, sino también procesar o sobreseer a todo reo, valiéndose de un auto que careciera del más mínimo y elemental razonamiento y seguimiento lógico de las pruebas y de los hechos que motivaron el proceso. Por lo tanto, las sentencias penales podrán siempre ser revisadas y hasta discutidas, pero nunca por falta de explicitación de los motivos y de la secuencia lógica que llevaron al magistrado a adoptar tal o cual decisión.

Como resultado tenemos la nociva formación de procesos paralelos: uno ante los estrados judiciales, otro en los estudios de televisión o frente a las cámaras de los móviles con participación, en los últimos, de muchas personas que opinan de todo sin siquiera haber tenido acceso a la causa. Ante éste panorama no pueden existir dudas sobre la trascendental importancia que adquiere el hecho de que quien ha de tener a su cargo una decisión tan delicada como es la de absolver o condenar a una persona, debe necesariamente estar dotado no sólo de experiencia, sino de condiciones y capacitación ética y técnica para no ceder ante lo que puede ser engañosamente presentado como "opinión pública".

Enlace: Versión On Line

Dr. Rogelio Pablo Yurman
Abogado, Profesor Adjunto de la Cátedra de Historia Constitucional Argentina, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario

Publicación: www.noticias.juridicas.com
10 de octubre de 2000

4/1/00

Actividad probatoria ante el jurado y el juez

Por el Dr. Adolfo Rocha Campos

Dr. Adolfo Rocha Campos
Ex juez civil del Depto. Judicial de Azul
Buenos Aires - Argentina

Extracto:

Se ha producido la prueba y acá viene el drama que yo veo en este tipo de problema, ¿el jurado entendió la prueba que se produjo? No lo sabemos ¿Por qué? Porque el jurado no puede preguntar, al menos el jurado clásico, que es el jurado mudo, unánime, sin fundamentación y el jurador lego.

El jurado no pregunta, recibe nomás. ¿El jurado entendió las instrucciones que le proveyó el juez? Tampoco lo sabemos, porque el jurado es mudo. Entonces, ¿cómo tenemos aceptar esto? Lo tenemos que aceptar como un acto de fe. Un acto que no es susceptible de ser verificado. Tenemos que pensar y creer que el jurado entendió la prueba que se produjo acá, y a su vez entendió las instrucciones que les fueron compelidas por el juez.

Enlace: Versión PDF

Dr. Adolfo Rocha Campos
Profesor Honorario UNICEN (Facultad de Derecho)
Ex. Juez del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Azul
Buenos Aires - Argentina

Fuente: http://facder-unicen.blogspot.com.ar/p/avances-en-20102011.html

21/9/99

Apología de un juicio sin jurado

Por el Dr. Fernando M. Machado Pelloni

Dr. Fernando M. Machado Pelloni

Extractos:
 
Es peligrosa la proyección de un miembro del jurado respecto de los demás. Existen individuos que ejercen (o tienen esa capacidad) un liderazgo sobre otros, es decir, éstos le seguirán independientemente de sí la solución propuesta por aquél se ajusta o no al parámetro de la idea de justicia.

Lempert arriba a la conclusión de que en un 46% de los casos, cuando la minoría tenía la solución y carecía de líder, los inicialmente incorrectos llegaban a modificar su postura. En tanto, aparecido el guía, los márgenes de modificación trepaban al 72%. La diferencia en uno y otro cuadro no dejan de ser preocupantes. Si la deliberación encuentra un lider, y éste desacierta, la idea de justicia habrá muerto.

No es lo mismo hacer propio aquello que es ajeno (y comprenderlo) que aquello que es ajeno se apropie de un individuo (y este último no comprenderlo). La resultante será que la participación, nunca el término mejor utilizado, será de sólo un jurado.
 
El plea bargain (acuerdo entre la acusación y la defensa) es el verdadero responsable de la celeridad de la sistematización americana que permite la instauración del juicio por jurados, pero, asimismo, es el excluyente responsable de las soluciones más contrarias a la idea de justicia.

Enlace: Versión On Line

USAL
Universidad del Salvador

8/11/98

¿Necesitamos, en 1998, el juicio por jurado?

Por el Dr. Carlos A. Elbert

Dr. Carlos Elbert

Extractos:

En mi opinión, el olvido de la "cláusula 24" no fue producto de la casualidad... ha sido un injerto involuntario en nuestra legislación, y es probable que su olvido secular haya sido más lógico y sabio de lo que se pretende, en la medida en que fueron las instituciones europeas continentales —y no las anglosajonas— las que se fueron afirmando en nuestros países.

Considero que algunos datos sobre el tema han sido "emocionalizados", o sea ordenados en una suerte de "pensamiento único", conforme al cual, el disenso coloca al contradictor, automáticamente, en el rol del reaccionario que tiene miedo a las innovaciones o peor aún, a "codearse con el pueblo", evidenciando, de paso, poco espíritu de profundización democrática. Así, está instalado una especie de complejo de culpa cívico, por haber "traicionado a nuestros Constituyentes" al haber esperado tanto sin dar cumplimiento a la cláusula del art. 24. Se enfatiza, casi como una repentina declaración de amor, la importancia que tendrá la "participación ciudadana en nuestra justicia", con el agregado de que el juicio por jurados sería el "complemento ideal" para la justicia técnica, contribuyendo así a resolver su actual estancamiento y crisis. Esta partitura está embelesando amplios auditorios, entregados a la esperanza de sacar a la justicia argentina del pantano en un santiamén, mediante un pase de magia, revolviendo en la galera hasta dar con el Conejo Providencial... Estoy convencido de que, pese a las buenas intenciones y la honestidad intelectual de muchos partidarios de la incorporación de los jurados, ésta constituye, simplemente, una esperanza abstracta, una solución simbólica de profundos problemas sociopolíticos actuales.

La repentina voluntad política de implantar los jurados, no responde a una exigencia o particular necesidad social, sino a la mera fascinación por un texto histórico. No puede percibirse iniciativa alguna, originada en la ciudadanía, reclamando este nuevo instituto para resolver sus demandas de mejor justicia. El origen parece estar, incuestionablemente, en las especulaciones teóricas abstractas de algunos juristas, y en las de algunos políticos atentos a la capitalización de novedades institucionales "interesantes".

La crisis de nuestro sistema judicial debe ser repensada como totalidad, como sistema basado en premisas reales y en ciertos valores inmodificables. No se obtendrá cambio sustancial alguno por la introducción de retoques que sean moda u oportunidad en medio de alguna coyuntura propicia. Estas clases de reformas tienen, además, el inconveniente de prestarse a la especulación política, de lo que sobran ejemplos.

La instalación de jurados acarrea un problema de costos que es minimizado con superficialidad. No tengo mayores conocimientos técnicos ni interés para analizar el tema financiero, y sólo me afligen aquí los intereses ciudadanos, por lo que me limitaré a dejar planteada, para mejor ocasión, la pregunta acerca de los reclamos futuros por salarios caídos, costos de transporte y alojamiento, etc., que el sistema penal no ha podido resolver en referencia al proceso oral y la comparecencia de los testigos, como no sea dejando que cada ciudadano convocado cargue con sus costos y dificultades privadas. No veo por qué la solución será distinta en relación a los futuros jurados, comprometidos para largas y agotadoras audiencias, encerrados en Palacio o en algún hotel.

Rechazo el argumento comparativo de que, quien esté preparado para votar, lo está para juzgar. Creo que salta a la vista que se trata de actividades de naturaleza incomparable, porque la elección es siempre transitoria y colectiva, mientras que una condena firme a un tercero es una opción definitiva, con consecuencias tan graves como irreparables en caso de error. Equivocarse en el voto eleccionario es algo que pertenece a la conciencia política, mientras que la posibilidad de condenar a un inocente, o a un sospechoso mediando dudas, constituyen conflictos éticos que pueden acarrear grave perjuicio directo contra terceros, que el estado debe desalentar y prevenir celosamente.

No puede esperarse de una gran mayoría de nuestros ciudadanos un estado de equilibrio psíquico social y cultural adecuado para juzgar a sus semejantes. Más bien cabe esperar respuestas cargadas de emocionalidad y por tanto muy susceptibles de la influencia de los medios de comunicación, uno de los factores más temidos internacionalmente respecto a la objetividad de los jurados legos. Para colmo, la mayor parte de nuestros medios experimenta un alto nivel de concentración en pocas manos empresarias, trasluciendo un monopolio del tratamiento periodístico de los temas, dentro de los cuales los del orden, la seguridad y el control ocupan un rol destacado.


La objetividad de los "comunicadores" y periodistas más famosos que tratan la cuestión es por demás discutible, abarcandose, en no pocos casos, sus convicciones democráticas. Puede decirse entonces, que la influencia mediática que alimenta las ideas político criminales de nuestra ciudadanía en esta etapa histórica, no es justamente la más deseable, y este dato cultural no puede ser tomado a la ligera: cada vez se lee menos y cada vez la televisión conforma más profundamente las ideas sociales hegemónicas.
 

Jurisprudencia Argentina
JA 1998-IV-784
Fuente: www.carloselbert.com.ar