Por el Dr. Carlos A. Elbert
 |
| Dr. Carlos Elbert |
Extractos:
En mi opinión, el olvido de la "cláusula 24" no fue producto de la casualidad... ha sido un injerto involuntario en nuestra legislación, y es probable que su olvido secular haya sido más lógico y sabio de lo que se pretende, en la medida en que fueron las instituciones europeas continentales —y no las anglosajonas— las que se fueron afirmando en nuestros países.
Considero que algunos datos sobre el tema han sido "emocionalizados", o sea ordenados en una suerte de "pensamiento único", conforme al cual, el disenso coloca al contradictor, automáticamente, en el rol del reaccionario que tiene miedo a las innovaciones o peor aún, a "codearse con el pueblo", evidenciando, de paso, poco espíritu de profundización democrática. Así, está instalado una especie de complejo de culpa cívico, por haber "traicionado a nuestros Constituyentes" al haber esperado tanto sin dar cumplimiento a la cláusula del art. 24. Se enfatiza, casi como una repentina declaración de amor, la importancia que tendrá la "participación ciudadana en nuestra justicia", con el agregado de que el juicio por jurados sería el "complemento ideal" para la justicia técnica, contribuyendo así a resolver su actual estancamiento y crisis. Esta partitura está embelesando amplios auditorios, entregados a la esperanza de sacar a la justicia argentina del pantano en un santiamén, mediante un pase de magia, revolviendo en la galera hasta dar con el Conejo Providencial... Estoy convencido de que, pese a las buenas intenciones y la honestidad intelectual de muchos partidarios de la incorporación de los jurados, ésta constituye, simplemente, una esperanza abstracta, una solución simbólica de profundos problemas sociopolíticos actuales.
La repentina voluntad política de implantar los jurados, no responde a una exigencia o particular necesidad social, sino a la mera fascinación por un texto histórico. No puede percibirse iniciativa alguna, originada en la ciudadanía, reclamando este nuevo instituto para resolver sus demandas de mejor justicia. El origen parece estar, incuestionablemente, en las especulaciones teóricas abstractas de algunos juristas, y en las de algunos políticos atentos a la capitalización de novedades institucionales "interesantes".
La crisis de nuestro sistema judicial debe ser repensada como totalidad, como sistema basado en premisas reales y en ciertos valores inmodificables. No se obtendrá cambio sustancial alguno por la introducción de retoques que sean moda u oportunidad en medio de alguna coyuntura propicia. Estas clases de reformas tienen, además, el inconveniente de prestarse a la especulación política, de lo que sobran ejemplos.
La instalación de jurados acarrea un problema de costos que es minimizado con superficialidad. No tengo mayores conocimientos técnicos ni interés para analizar el tema financiero, y sólo me afligen aquí los intereses ciudadanos, por lo que me limitaré a dejar planteada, para mejor ocasión, la pregunta acerca de los reclamos futuros por salarios caídos, costos de transporte y alojamiento, etc., que el sistema penal no ha podido resolver en referencia al proceso oral y la comparecencia de los testigos, como no sea dejando que cada ciudadano convocado cargue con sus costos y dificultades privadas. No veo por qué la solución será distinta en relación a los futuros jurados, comprometidos para largas y agotadoras audiencias, encerrados en Palacio o en algún hotel.
Rechazo el argumento comparativo de que, quien esté preparado para votar, lo está para juzgar. Creo que salta a la vista que se trata de actividades de naturaleza incomparable, porque la elección es siempre transitoria y colectiva, mientras que una condena firme a un tercero es una opción definitiva, con consecuencias tan graves como irreparables en caso de error. Equivocarse en el voto eleccionario es algo que pertenece a la conciencia política, mientras que la posibilidad de condenar a un inocente, o a un sospechoso mediando dudas, constituyen conflictos éticos que pueden acarrear grave perjuicio directo contra terceros, que el estado debe desalentar y prevenir celosamente.
No puede esperarse de una gran mayoría de nuestros ciudadanos un estado de equilibrio psíquico social y cultural adecuado para juzgar a sus semejantes. Más bien cabe esperar respuestas cargadas de emocionalidad y por tanto muy susceptibles de la influencia de los medios de comunicación, uno de los factores más temidos internacionalmente respecto a la objetividad de los jurados legos. Para colmo, la mayor parte de nuestros medios experimenta un alto nivel de concentración en pocas manos empresarias, trasluciendo un monopolio del tratamiento periodístico de los temas, dentro de los cuales los del orden, la seguridad y el control ocupan un rol destacado.
La objetividad de los "comunicadores" y periodistas más famosos que tratan la cuestión es por demás discutible, abarcandose, en no pocos casos, sus convicciones democráticas. Puede decirse entonces, que la influencia mediática que alimenta las ideas político criminales de nuestra ciudadanía en esta etapa histórica, no es justamente la más deseable, y este dato cultural no puede ser tomado a la ligera: cada vez se lee menos y cada vez la televisión conforma más profundamente las ideas sociales hegemónicas.
Jurisprudencia Argentina
JA 1998-IV-784
Fuente: www.carloselbert.com.ar
