11/6/14

Los juicios penales mediante intervención de jurados

Por el Dr. Alejandro Díaz Lacoste
 
Dr. Alejandro Díaz Lacoste
Argentina

Sección Primera. Definición y alcance

Es bien sabido que el art. 24 de la Constitución nacional establece que "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados". Y que el art. 75, inc. 12 dispone que corresponde al Congreso "... Dictar... leyes generales para toda la Nación sobre... el establecimiento del juicio por jurados" y el art. 118 que "Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio".

El "jurado" invocado por el constituyente para el juzgamiento de las ofensas criminales no es un concepto jurídico que haya sido, en sí mismo, explicitado por el texto de la Constitución. Ni en 1853 ni en 1994 se dijo qué es un "jurado". (1) Se dio por sobreentendido al contenido del instituto, conforme a la tradición constitucional y procesal penal de otros países que sirvieron como fuente de ese tipo de procedimientos; y cuyo establecimiento (art. 75, inc. 12, CN) quedó enteramente subordinado a la voluntad de un poder legislativo que nunca pretendió concretar su operatividad.

La cuestión central —aunque irrite a algunos el replantearla, una y otra vez— concierne al alcance de su utilidad, inmersa aún hoy en un no pacífico debate; más allá de que avanzan firmemente los proyectos en pos de lograr su plena implementación en nuestro país, concretada ya en las Provincias de Córdoba (ley 9182, de noviembre de 2004) y de Buenos Aires (ley 14.543, 2013), entre otros proyectos.

Sección Segunda. El núcleo historiográfico

No sería sencillo historiar el instituto; razón por la cual nos propondremos referir solamente a dos hitos trascendentales de matriz filo-epistemológica.

1. Desde la tercer conferencia que Foucault pronunció en Río de Janeiro sobre relaciones entre Verdad y Poder (2), en las que el filósofo francés explicitó cómo se fue construyendo la posibilidad de oponer una "verdad sin poder" a un "poder sin verdad", podemos elaborar algunos aspectos fundantes para comprender en qué consiste ser juzgado por "un jurado".

Según el relato explicativo de Foucault, desde la gran conquista griega, a partir del Siglo V A.C., emergieron:

i) Las formas racionales de la prueba y demostración.

ii) El arte de persuadir, mediante la retórica.

iii) El conocimiento por testimonio o por "indagación".

Era una forma de descubrimiento judicial, jurídico, de la verdad, que constituye la matriz, el modelo, o punto de partida. Pero fue utilizado por Herodoto, los presocráticos y Aristóteles. Fue el nacimiento de la indagación, punto de partida para "otros saberes". (3)

En la edad media, la acción no era pública, se requería solo "daño" y que la víctima designase su adversario para celebrar una especie de duelo que dirimiría el entuerto. Pero por regla eran dos personajes y nunca tres. Solo en casos de delitos graves, "aparecía" el tercero: ante la traición y ante la homosexualidad, intervenía la comunidad "en forma colectiva". Por entonces "el derecho" emerge como la forma ritual de la guerra. Pero no hay "jurados".

En el derecho feudal el objeto de la prueba era "la fuerza, no la verdad"(4); pero aún así, en este periodo apareció como peculiar forma de nacimiento del derecho público la modalidad de los juicios de Dios: en esta fase, hasta el luchar se hacía "obedeciendo determinadas reglas" (duración de la lucha, tipo de arma) y es allí donde emerge un rasgo definitorio: la presencia del público ya integraba el procedimiento y la "autoridad" se va delineando como un componente necesario para la dilucidación de un conflicto entre pares, ante el poder de estos.

¿Podrían ser esos los antecedentes más remotos del juicio por jurados? En realidad, sí en parte; pero no del todo.

2. Durkheim pudo historiar la misma cuestión desde aspectos sociológicos, jurídicos y políticos.

En su marco, el sociólogo recordó cómo en Roma ya se constituían las Asambleas del Pueblo para los asuntos penales, mientras era el pretor quien ponía en juzgamiento a los temas civiles: "... primero por los comicios curiados y después, a partir de la ley de XII tablas, por los comicios centuriados; hasta el fin de la República, y aunque de hecho hubiera delegado sus poderes a comisiones permanentes, permanece aquél, en principio, como juez supremo para esta clase de procesos". (5)

Y en Atenas, bajo la legislación de Solón, la jurisdicción criminal correspondía en parte a los heliastas, vasto colegio que nominalmente comprendía a todos los ciudadanos por encima de los treinta años". (6) Sin embargo, en Roma, el jurado y el poder legislativo asumían un confuso modo, reabsorbiéndose entre sí: "... los crimina(les) eran perseguidos ante la asamblea del pueblo, que fijaba soberanamente la pena mediante una ley, al mismo tiempo que establecía la realidad del hecho incriminado. (7) Pues las penas, no así las infracciones, no estaban previstas de antemano, otorgando al jurado juzgador un poder plenipotenciario que pretendió ser abrogado con la evolución de ambos institutos.

¿Persisten, nos preguntamos, algunas de estas confusiones en los tiempos presentes pese a los grandes adelantos institucionales que presidieron al "constitucionalismo"?

Sección Tercera. El núcleo del debate

El eje de la cuestión se impone ante la pregunta: ¿quién es el idóneo para el juzgamiento de una cuestión de orden infraccionario? El dilema puede plantearse en los campos jurídico-penal; religioso; y moral. Pero reducimos nuestro enfoque al primer campo temático. (8)

Como quedó explicado, en otros tiempos de la historia siquiera existía "un tercero".

Es que las disputas entre miembros de un grupo se dirimían en la puja entre dos, victima y victimario. Y aún con la aparición de esta nueva idea en el seno de la exigencia de resolución de los conflictos humanos —el juez, el público, el jurado— quedaba todavía sin resolver, no tanto el "cómo juzgar", o el "cómo decidir", ni tampoco la pregunta acerca del sobre "qué decidir"; sino quién habría de hacerlo una vez que cada diferencia apareciera en el seno de la comunidad.

El problema no es menor.

Se trata de establecer cómo sería la figura del "órgano de juzgar", con definición de sus características "esenciales", con explicitación de las condiciones de nombramiento, y con mención de los recaudos necesarios para el ejercicio del cargo por parte de ese "tercero imparcial".

Empero, no son pocas las cuestiones que se han planteado.

Primera cuestión: ¿debería ser singular? Segunda: ¿es más conveniente que sea plural o colegiado?; y, en su caso, ¿bajo el número de cuántos? Tercera: ¿Con qué origen, cada miembro? Cuarta: ¿Con qué conocimientos mínimos; y con qué conocimientos, dentro de tal mínimo, como imprescindibles? Quinta: ¿bajo cuáles formas de designación?, ¿Y con qué recaudos para la continuidad en el cargo? Y, por consiguiente: ¿designado en forma singular para cada juzgamiento?; o ¿designado en forma continua para la totalidad de los juzgamientos posibles y necesarios, cada vez que ciertos contendientes pretendan dirimir una disputa?

Estas cuestiones desvelaron a historiadores y a publicistas. Nunca fue unánime su resolución. Ni aún hoy lo es.

La figura de un "juez único" se remonta a tiempos inmemoriales donde el juicio de los dioses asumió, con el tiempo o en algunas civilizaciones, una forma plural: muchos dioses que encarnaban la divinidad coexistían para la tarea. En el medioevo, los reyes soberanos no dudaron en asumirlas en tanto auto-consagrados "representantes de Dios en la tierra". Y de allí, hasta llegar a los concilios de obispos que se ocupaban de los temas morales, religiosos y administrativos propios de los tiempos de la inquisición, no parecen haber transcurrido los dos mil años que efectivamente existieron. Y aún no llegábamos a la judicatura como hoy la conocemos. Y aún se cree que el sistema no es el más idóneo.

Por su parte, la presencia del público en una ordalía, o en un enfrentamiento entre nobles durante el medioevo, exigiría una atención conceptual especial. Pues en cuanto querramos atender al origen popular del juicio por jurados, aquella pluralidad —que se consideraba idónea para el juzgamiento— tenía allí sus formas incipientes. Las ventajas de las tecnicaturas, sin embargo, nunca se lograrían en esa clase de sistemas populares: el saber estaba en manos de unos pocos y, paralelamente, pocos eran también los dueños del poder político. No ya el público, sino que ahora eran los reyes y los nobles quienes pretendían monopolizar el castigo a la plebe y a las clases sujetas a dominio en su territorio.

La pluralidad de cuántos juzgan y su origen popular, a un lado del problema de la restricción del saber necesario a tal efecto, pasaron a ser parte de un sistema escindido del nuevo modo de juzgar. Tanto en la asunción de funciones de juzgamiento por el soberano, como su delegación en la figura de un representante del rey, "los juzgadores" quedaron simbolizados mediante antiguos institutos, tanto el del pretor (en un comienzo) como (luego) de la Asamblea Popular; o, inclusive, casi contemporáneamente, en la figura del comisario encargado de la aplicación de la ley, cuyo único juicio se afincaba en su voluntad, en su predicamento y en los valores que portaba al tiempo de definir "culpa" e "inocencia", o asignación de "derechos de propiedad".

Con el tiempo la escisión entre "saber" y "emoción", cuánto la escisión entre "razón" y "valor" (religioso, moral, y luego jurídico) fue generando una suerte de predilección por la cercanía (principio de inmediatez) entre el acto de juzgamiento racional y los valores, convicciones y juicios éticos que la sentencia debía aportar o receptar como respaldo de su contenido: cuanto más cercano el fallo estuviera de la emoción popular, en el sentido común, o en el sentido de "el valor" pluralmente compartido por los miembros de la comunidad, mejor sería.

El racionalismo, por entonces, aunado a la evolución del conocimiento en el plano científico y epistemológico del "sistema de ensayo y error", cuánto asociado al eje del paradigma de la "relatividad de la verdad", añoró siempre a la pluralidad de personas para el acto de juzgamiento; pues esa "pluralidad" se evidenciaba como una buena forma de minimizar el error judicial.

Los sistemas constituyentes desde allí fueron paulatinamente recogiendo a los jurados como forma de expresión de los valores sociales, reflejados en el acto de juzgamiento. Tanto las cartas de comuneros, como las constituciones, propias de la era de la Ilustración —sea en la de Francia, como en la de Estados Unidos; y, más luego, en la de todos los países que siguieron sus modelos— adoptaron al juicio por jurados con la seguridad de que, de tal modo, la representación popular (y sus selecciones de valor) estarían siempre en mejor sintonía con la razón y las técnicas propias del procedimiento de juzgar los crímenes en la sociedad.

Quienes entretanto percibieron la distorsión entre "razón" y "emoción" propusieron lo que se ha dado en llamar "el jurado técnico o scarabinado". (9) Vale decir, una modalidad de juzgamiento penal en la cual algunos de los integrantes del saber popular debían ser técnicos en materia jurídica, o debían tener conocimientos especiales que pudieran acercar el "valor de las emociones" de los representados con el "saber racional" —deductivo, analógico o inductivo— propio de cada época y aplicado al poder judiciario.

Sin embargo, ello no siempre se ha logrado. Y aún hoy se discute el dilema: jurados sí, o jurados no.

El dilema, que ha dado origen a estas reflexiones, en tiempos en que nuestro país pretende poner en ejercicio un sistema añorado desde 1853, lamentablemente subsiste. Pero jamás podrá ser mejor resuelto en los tiempos modernos que con la preservación de una administración de justicia autónoma, abstracción mínima que garantiza la imparcialidad sin la cual no hay, conceptualmente, ni juicio ni judicatura alguna.

Sección Cuarta. El Panorama Actual

La Corte Suprema de la Nación estableció —obiter dicta en un caso reciente— la subsistencia de una pregunta crucial.

La pregunta hace a la estructuración misma del juicio por jurados. Estamos hoy reelaborando el instituto, unos 200 años después de aquél originario previsto por el constituyente. Su presupuesto filosófico sigue siendo sin embargo el mismo. Ello pues la deliberación axiológica acerca del hecho y la valorativa sobre las pruebas, queda en manos ajenas al técnico en derecho —esto es el juez— y reposa —en contraposición— en un cuerpo legal colegiado al que le es permitido deliberar sobre ambos asuntos.

Varios problemas pueden (re)plantearse sobre la cuestión de operatividad del juicio por jurados, desplazando a las críticas relativas a su concepción misma. (10)

1. En primer lugar, su costo como asunto sumamente repetido cada vez que se abordan cuestiones de la administración de justicia. La Provincia de Córdoba asegura en sus estadísticas una previsión presupuestaria y una erogación promedio, hasta la fecha, de $ 30.000 por cada juicio-jurado desarrollado. La Provincia de Buenos Aires no ha elaborado estrictamente ni difundido adecuadamente, hay que señalarlo, las bases presupuestarias de la implementación del sistema.

Sin embargo, al menos podemos imaginar desde ahora que la carencia de salas de juicio que durante los últimos 15 años ni siquiera se ha resuelto en favor del funcionamiento adecuado de los Tribunales Orales en lo Criminal, o al menos en forma digna para sus miembros, se ha de extender irremediablemente al desenvolvimiento de las salas (más grandes) de juicio-jurado, en las cuales el requerimiento de infraestructura es notablemente superior.

Recuérdese que las doce personas no solo deben ser elegidas, seleccionadas, interrogadas, ponderadas en forma previa; sino que también tienen que asistir todo el desarrollo del juicio, junto a quienes hoy eran tres y ahora serán quince, sin contar partes y público. Debe haber lugar para el deponimiento de los testigos, de ubicación de todas las partes y de los peritos; cuando no espacio para revisar alguna documentación, evidencia o elemento informático que se exhiba como prueba a ser valorada. No es difícil imaginar a los doce miembros deliberando en el pasillo o cerca del cuartito del ordenanza!. Lo dice con preocupación alguien que conoce de las estructuras edilicias y de los costos inabarcables de funcionamiento del Poder Judicial Provincial. La imprevisión del legislador y del poder ejecutivo es, en este sentido, notoria e irremediable.

No se trata por ello de prorrogar la instrumentación del fracaso, sino más bien proponer mecanismos alternativos, conformes y acordes a los tiempos actuales.

2. El segundo aspecto no es tanto estructural como sistémico, y requerido de un análisis innovador.

En efecto, si lamentablemente en nuestro país no es difícil sobornar o producir cohechos ni concretar dádivas a favor de jueces unipersonales o de fiscales unipersonales, tampoco será una valla para tal práctica —no combatida en forma suficiente por ninguna de las técnicas de control tributarista o financiero o de lavado de activos— la posibilidad de sobornar a por lo menos siete de los doce miembros del jurado. Y no es imaginación pura.

El punto no sería difícil de lograr si de pensar que la diversa composición del jurado será reflejo de la dispersión de ingresos de clase social y de estructura económica que tienen los habitantes del conurbano. El caldo de cultivo para las prácticas de corrupción se adosará al medio ambiente en que débilmente reposara su funcionamiento, tal vez no solo inicial sino tan transitoria como el impuesto a la ganancia!

La imposibilidad de evitar efectivamente todo contacto del jurado con el medio exterior mientras dure su presencia en juicio, su deliberación y su veredicto, es un hecho al cual hay que enfrentar como presupuesto de su buena operatividad.

En todo caso, cualquier prevención con que se pueda reforzar el control a este respecto, lo cual sería ideal, solo servirá para robustecer el argumento de insuficiencia presupuestaria que hemos aludido en el punto anterior.

3. El tercer aspecto guarda relación con la presión actual que los medios de comunicación masiva y el "perio-judicadismo" ejercen en la formación de la opinión pública.

Ningún recorte de población que se haga sobre la base del número 12 será suficiente para que la deliberación se extienda con un poder crítico lo suficientemente sólido, como para contrarrestar las convicciones o las preocupaciones de "tolerancia cero" o las propias del "realismo criminológico de derecha" que se ha implantado a través de los mas media en los últimos años, de cara a los serios problemas sociales.

Es cierto que una de las bondades del sistema se implica en el hecho de contrarrestar a las convicciones valorativas personales del juez y suplementarlas por un mecanismo colegiado. Pero de ello no se puede inferir que la ponderación del valor probatorio, o de los aspectos morales, éticos o axiológicos del hecho en juzgamiento se puedan trasladar hacia o a favor de los medios de comunicación masivo, a la prensa y/o al periodismo de opinión acrítico que, generalmente en términos precariamente científicos y lógicos o epistémicos, pretenden reelaborar o acompañar a las funciones de la judicatura en la actualidad.

El panorama, así, no es halagüeño.

Sección Quinta. Estructura de Funcionamiento de un ciberjurado

Bajo esos tres vértices sería menester reelaborar el concepto, no estrictamente el de "jurado", sino el de "estructura de funcionamiento de un jurado". Acaso electrónico, "ciber-jurado" si se me permite la fantasía.

Hay alternativas tecnológicamente sólidas —fundadas en la estructura de los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento, aquí y en el mundo— como para permitirse ensayar, de cara al futuro y no anclados en el pasado, una reformulación de la estructura operativa de una institución cuyo fundamento filosófico es adecuado. Debemos adaptar su funcionamiento para inmunizarlo de las críticas precedentes; y así lograr que se cumplan los objetivos del constituyente, no de frente al siglo XIX, sino de cara al siglo XXI.

Es un hecho contemporáneo que las redes sociales funcionan hoy en día como un sistema de opinión, de deliberación y de formación de conclusiones o convicciones personales de los individuos que en ellas participan. Es factible estructurar la realización del juicio en forma virtual, con la presencia del jurado en forma no presencial, actuando su interconexión, su participación y su deliberación mediante redes inalámbricas de conexión segura y anónima, tan solos interconectadas mediante un servidor central, operativo desde la estructura de sistemas del poder judicial, siempre bajo control del juez de la causa. El ciber espacio así ofrece la posibilidad de elevar la composición de sus miembros a una cifra proporcional a la diáspora de valores, de opiniones y convicciones personales que existen en la sociedad actual, una vez que se prescinde de las premisas acríticas y de los puntos emocionales en que reposa la composición de la "opinión pública".

Ensayemos. Doscientas cincuenta mil personas seleccionadas aleatoriamente, por caso, y deliberando sobre la base de un hecho virtual (no se necesita para ello de presupuesto tan elevado), permiten acercar al poder judicial a la deliberación cotidiana a los miembros de la sociedad; permiten neutralizar las influencias de corrupción; y permite acercar la deliberación y el veredicto en forma segura al juez técnico que deba que resolver sobre los aspectos de validez de las pruebas, validez de la deliberación, calificación del hecho y mensuración de la pena.

Si se afirmara que el número de doce y la situación presencial, anómala que sabemos se ha de generar en la actualidad, fuera solo un comienzo para afianzar el sistema y pasar luego al modo cibernético, no estaría mal el ensayo. Sin embargo, tenemos la certeza —tal como ocurrió en 1996 y como no termina de ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires— que una vez implementado un sistema defectuoso o inacabado, el mismo tiende a perdurar por inercia sin ánimas o vistas mediatas de modificación estructural.

Es por ello conveniente realizar una pausa y repensar la operatividad del sistema; pues entre 200 y 210 años de demora, no parece que haya mucha diferencia.

El riesgo filosófico y político de implementar a tientas una idea vieja, con génesis en el derecho medieval, representa serios riesgos institucionales en la actualidad. Proyectarle, en cambio, hacia el futuro mediante utilización de las tecnologías del presente y de espaldas al pasado, representa un desafío serio, pero que es posible de realizar.

Además de posible, es factible.

Si lo ensayamos, implementando una comisión mixta de juristas, sociólogos y técnicos en sistemas de informática y comunicación —cuando no con algún par de hackers que permitan evitar todo riesgo de filtración tal como con éxito se ha logrado en los sistemas bancarios—, no se observan riesgos en el corto ni largo plazo. Si el sistema sirve para estructurar a la economía y a las finanzas, no se observa razón que impida aplicarlo a las estructuras del funcionamiento de la administración de justicia, y no solo para encontrar fallos, hacer liquidaciones virtuales o operar una mesa de entradas.

Por último, una consideración escolástica.

En una aldea antigua con tres mil habitantes, el jurado de doce representaba, si no equivoco el cálculo, el 4 por mil de la población —aunque no de la activa ilustrada, o pensante, o axiológicamente sintiente—. En la actualidad, aplicar doce personas para una masa de población de doce millones (conurbano; y tal vez más) es una cifra absurda, no es representativa absolutamente de nada. Para una masa crítica de 12 millones del conurbano (48.000) o 40 millones de habitantes para todo un país, el sesgo mínimamente representativo desde el punto de vista sociológico y estadístico, es muchísimo más elevado. Nuestra cifra de doscientos cincuenta mil no es, por cierto, ni exigua ni excesiva, aun cuando comporte un esfuerzo informático grande.

En tal marco, representa de por sí un ensayo de organización estadísticamente adecuado y razonable, desde el cual sea posible empezar a pensar la estructuración de esta idea.

Sección Sexta. Epílogo (11)

La incógnita que subsiste es cuál sistema trae mayores beneficios en función de algún parámetro universal.

La pregunta no es retórica.

A nuestro juicio, tiene un resabio "funcionalista" la idea de procurar establecer la medida y proporción en que ese fin común y universal de todas las sociedades —la justicia— pueda ser accesible mediante esta metodología de juzgamiento de los delitos, sean o no graves, a toda la población.

En efecto, podríamos partir desde cada cual de los modelos y enfatizar sus matices, exacerbar sus defectos y sus virtudes, y ensayar conclusiones provisionales, sujetas a verificación y corrección. Pero aún así la duda queda abierta en la valoración de las bondades de cada alternativa posible.

Bajo el concepto de la judicatura única, podríamos analizar si es posible lograr, o si hemos logrado a lo largo de la historia de su vigencia como institución y de la evolución del pensamiento, que las emociones de cierta persona, una vez nombrada como "juez", no se aparten de su relación con las del "núcleo social" que lo cobija y le da continencia. En otros términos: que no se dispersen ni se distorsionen, razón y emoción, en el acto de juzgar. (12)

Bajo el concepto de colegiatura, podríamos analizar si lo que generamos son "instancias de revisión", sucesivas, del ensayo y error; o si preferimos que el error se minimice ex ante, como producto del debate de varios jueces, o como producto de varios miembros de un jurado. (13) En tales marcos, por no confiar en la sapiencia de uno solo, es que cobran protagonismo las instancias plurales. A su vez, fortalecemos a estas opciones en la medida misma en que la accesibilidad al conocimiento se pueda no solo concebir sino también instrumentar como un bien altamente seguro. (14)

Bajo el concepto de sujeción a la voluntad popular, podríamos analizar si lo propio ocurre con la subordinación de los valores al mandato otorgado, expresa o implícitamente, por parte del grupo social. Si consideramos que una sola persona o un grupo plural de ellas puede ser un más idóneo representante de aquellas convicciones, postularemos al sistema de juzgamiento por jurados (plurales en su composición). Sin embargo, no podemos silenciar las rémoras que generan los mecanismos de selección de sus miembros sobre "universos restringidos de personas"(15); sobre "universos de personas politizadas" (por ejemplo, ponderando el diverso efecto de ser pertenecientes a partidos conservadores o progresistas); o también sobre "universos extensos" (por ejemplo, conjuntos amplios que abarquen a personas que no sepan siquiera leer o escribir); o sobre "universos aleatorios" (que, por ejemplo, puedan potencialmente contener a personas que discrepen profundamente con los valores estatuidos o conservados por ese núcleo social).

Los dilemas por cierto solo pueden resolverse con adaptabilidad e ingenio. Pero como si la cuestión no se limitara a ello, hacerlo con adecuada perspectiva presupuestaria de cada estado, nacional o provincial: ser conscientes de que lo mejor que se quisiera lograr no siempre es aquello que, en razón de los recursos disponibles, se puede llegar a obtener.

La administración de justicia, por tanto, y aunque no lo queramos, queda subordinada a una organización institucional de fundamentos aleatorios e inestable; y sujeta a recursos económicos no siempre presentes de modo suficiente hasta en las más opulentas de las sociedades del planeta.

(1) Las únicas referencias constitucionales expresas, a nivel nacional, consisten en: a) conceder al legislador la facultad de distinguir juicios "ordinario" de "no ordinarios" de orden criminal (sea cual sea el alcance que asignemos a ambos conjuntos); b) exceptuar los juicios políticos a funcionarios de los órganos constituidos (aunque no se especifica si, como algunos proyectos han propuesto, los juzgamientos por "corrupción" ingresan en este conjunto); c) fijar como ámbito de actuación del jurado "de estos juicios" exclusivamente el de "la misma provincia donde se hubiere cometido el delito (aún cuando ello no prohíbe expresamente que un habitante de otra provincia lo integre). El alcance de los tres tópicos, por cierto, es objeto de extensas polémicas, vigentes a la fecha.
(2) FOUCAULT, Michael, La Verdad y las Formas Jurídicas, Conferencias de Rio. Mera posibilidad, que no es lo mismo que "derecho de", "derecho a".
(3) Que se perdió por entonces y reapareció luego en la edad media; ver también Michael Foucault, La Verdad y las Formas Jurídicas, Conferencias de Río, p. 27.
(4) Sic, FOUCAULT, op. cit.
(5) DURKHEIM, La división del trabajo social, p. 80.
(6) Op. cit., p. 80.
(7) Op. cit., p. 97.
(8) No incursionamos así en las influencias recíprocas de esos tres grandes ámbitos de normación.
(9) A dilemas como el que dejo ilustrado se enfrenta el miembro de un Jurado, por cierto según la clase de delitos que se recepten para su juzgamiento por tal vía. Y ellos no exigen, necesariamente, conocimientos técnicos sobre las ramas del derecho. No es difícil ilustrar la cuestión, con el siguiente contraejemplo: Ud. con sus valores personales: ¿condenaría a la maestra del siguiente caso real?: Washington, 17 ago (EFE). Una ex profesora de instituto de Kennedale (Texas) fue condenada hoy a cinco años en prisión tras ser hallada culpable de tener múltiples encuentros sexuales con cinco estudiantes de 18 años, informó el diario local "Star-Telegram". Brittni Colleps, de 28 años, casada y con tres hijos, fue declarada culpable de 16 cargos por mantener una relación inapropiada entre un maestro y un alumno, en un jurado del condado de Tarrant, donde se encuentra la localidad. Los encuentros sexuales con estudiantes se produjeron en el domicilio de la profesora y se sucedieron a lo largo de dos meses en la primavera de 2011, según la acusación. Todos los implicados habían cumplido 18 años y por tanto superaban la edad de consentimiento sexual que reconoce Texas, los 17 años, pero la acusación insistió en el crimen que supone una relación entre estudiante y profesor. Colleps enfrentaba a un máximo de 20 años en prisión y una multa de 10.000 dólares por cada uno de los cargos. El jurado decidió que cumpliera un cuarto de su condena de cárcel antes de poder solicitar la libertad condicional, y no le asignó ninguna multa económica. La profesora se entregó voluntariamente a las autoridades cuando salió a la luz un vídeo en el que mantenía relaciones con varios estudiantes a la vez. Fuente: Agencia EFE.
(10) Prefiero insertar como nota al pie, por ahora, algunas réplicas al pensamiento corriente que obstaculiza de plano a la operatoria de un instituto que, en sustancia, comparto. El argumento de la inmadurez propia de los miembros de un eventual jurado no resiste un análisis serio; pero aún así no hace al núcleo de la cuestión sobre la conveniencia de su institucionalización: la valoración ciudadana, influida o no in genere por los medios masivos, debe ser amalgamada con las técnicas de percepción de la prueba. No alcanza con las instrucciones del juez del caso. Esa ejercitación, para la cual incluso hay jueces precariamente capacitados, debe ser una prioridad y parte de la preparación del jurado (una vez superada la primera ronda de selección; no antes, ni después). El argumento de superar las entelequias del lenguaje jurídico, mediante el recurso a un órgano extra-poder en su composición, es poco serio. Que jueces y abogados deban darse a entender mejor -como los periodistas y las recetas de los médicos- no hace al núcleo del sistema. Podrían aprender, tanto como deberán los jurados comprender las acepciones técnicas de algunos conceptos que deberán usar. Pero no es lo más importante, ni va en desmedro o a favor del uso del sistema en sí. El argumento de la diáspora territorial y su influencia en la composición de la escala valorativa de las personas es relevante. Pero por ello, precisamente, es que cabe interpretar a la constitución en el sentido de que la composición del jurado, no solo el juicio criminal, debe ser oriunda -como lo son los jueces, diputados y senadores- del lugar estadual de juzgamiento. El contraargumento ¿Cómo hacemos para averiguar los antecedentes y lograr corromper a los 12 jurados? se responde fácil: se corrompen de a uno, y por separado, como cualquier gabinete, como cualquier directorio empresario, y como cualquier comisión de investigación legislativa ¡!! El contraargumento sobre interacción de instancias abreva en el sostenimiento de un paradigma inadecuado, objeto justamente del cambio institucional que se propone. Dice Hendler para resolver el punto: "un momento fundamental (...) tiene lugar (en) esa interacción entre los jueces profesionales con los jurados. Entre las objeciones que se hacen, hay una que sostiene que el veredicto de un jurado se supone que no tiene fundamentación: el jurado dice culpable o inocente. Hay quienes dicen que contradice la idea del sistema republicano de que las decisiones no pueden ser arbitrarias. Pero ocurre que la forma en que los jueces indican a los jurados [cómo] deben tratar el caso es lo que después sirve para que la resolución sea revisada por la instancia superior." "Los jueces de ninguna manera querríamos quedarnos sin el jurado, porque el jurado es el contacto con el ciudadano". Los otros poderes del Estado, dice Hendler, "...no nos prestan atención a los jueces; la única atención que nos prestan es porque tenemos comunicación con la gente a través de los jurados. Yo creo que con este tema hay un montón de prejuicios injustificados. El jurado está llamando a intervenir en cuestiones vitales." " no es que deba rehuir [el juez] de su responsabilidad sino que es una decisión que debe ser compartida. Los jurados se pueden equivocar y los jueces también". Y concluye: "apartándose de lo que hasta ahora era la tradición del derecho común que venía de Inglaterra de que la pena es fijada por los jueces después del veredicto de los jurados, la Corte a partir de 2002 estableció que ninguna de estas circunstancias que conducen a la interposición de penas tan graves puede ser decidida sin intervención de los jurados. Según mi interpretación, esto responde a un objetivo de que el jurado funcione como lo hizo desde sus orígenes: como un moderador frente a los excesos en que pueden incurrir los legisladores".
(11) Como antes dejé expuesto, recibo sus críticas y comentarios sobre mis conclusiones en adiazlacoste@yahoo.com.ar.
(12) La Corte Suprema de Justicia en el precedente "Casal" obiter dicta sugirió que existe "un modelo procesal constitucional" a los fines penales, el acusatorio terminado por jurados. Y dijo: "...el proceso penal de un sistema judicial horizontalmente organizado no puede ser otro que el acusatorio, público, porque de alguna forma es necesario compensar los inconvenientes de la disparidad interpretativa y valorativa de las sentencias. De allí que nuestra Constitución previera como meta el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende, público". "Posiblemente sea necesaria -aquí sí- una interpretación progresiva para precisar el sentido actual de la meta propuesta por la Constitución. Habría que determinar si el jurado que ese texto coloca como meta es actualmente el mismo que tuvieron en miras los constituyentes, conforme a los modelos de su época, o si debe ser redefinido según modelos actuales diferentes de participación popular. Pero cualquiera sea el resultado de esta interpretación, lo cierto es que, desde 1853 la Constitución reitera en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurados, como una de las más idóneas para lograr la publicidad. La circunstancia de que el deber ser no haya llegado a ser por la vía legislativa no puede ocultar que la Constitución optó por un proceso penal abiertamente acusatorio, al que tiende la lenta progresión de la legislación argentina a lo largo de un siglo y medio". Por otra parte no debe perderse de vista que nuestro país ratificó en 1984 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que, como afirma María Sol Blasco, abrió un dilema en relación a la institución del juicio por jurados y la garantía del doble conforme (tal es el título de su artículo, publicado el 16/11/2010 - elDial.com - editorial albremática, sitio web por todos conocido).
(13) PUNTE, Roberto en "El juicio por jurados es incompatible con nuestro sistema institucional", mantenía: "El 'juez designado por la ley antes del hecho de la causa' del art. 18 es, sin duda, un 'juez técnico permanente'; y el veredicto del jurado no es compatible con la doble instancia en materia penal —que debe ser plena, tanto sobre los hechos y el derecho— que luego de la reforma de 1994 es exigencia constitucional a través de la Convención Americana de Derechos Humanos (8º2-h)".
(14) En igual artículo, Punte (op. cit. nota anterior) nos recuerda la evolución de la propia Constitución de USA en el punto: En la constitución originaria de USA, el art. III, sección 2°, establecía que "el juzgamiento de todos los delitos... será por jurados", dentro del estado en que se había cometido el delito. Esta enunciación resultaba insuficiente frente a las constituciones locales, que tenían garantías más amplias respecto del juicio por jurado y sus incidentes. La Enmienda 6° dejó así redactado el texto: "En todos los procedimientos criminales el acusado tendrá el derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del estado y distrito donde se haya cometido el delito, previamente determinado por la ley y con derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación, a ser careado con los testigos contrarios, a disponer del procedimiento compulsivo para obtener la concurrencia de testigos a su favor y a tener asistencia letrada para su defensa". La enmienda 7ª finalmente, vino a garantizar el juicio por jurados en los juicios civiles donde el valor en discusión exceda de U$S 20. Mientras el texto del art. III es imperativo (para el juzgamiento de "todos los delitos", la enmienda se limita a decir que "el acusado tendrá el derecho" (abriendo la posibilidad de opción). En consecuencia, el juicio por jurados no ha sido visto como "una exigencia constitucional sino (como) un valioso privilegio "para prevenir la opresión por el Gobierno, o un fiscal corrupto o fanático, o un juez excéntrico, prejuicioso o influenciable" ("Duncan v. Louisiana", 1968). Roberto Punte (El juicio por jurados es incompatible con nuestro sistema institucional; en el dial.express.com).
(15) Ya en el Bill Of Rights de 1688, del Reino de Inglaterra o Gran Bretaña, se expresa que deberá evitarse que personas corruptas o sin idoneidad se desempeñen como jurados.
 
 
Dr. Alejandro Díaz Lacoste
Profesor universitario y abogado inspector ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. adiazlacoste@yahoo.com.ar.
 
Los juicios penales mediante intervención de jurados
Publicado en: DJ 11/06/2014 , 1
Cita Online: AR/DOC/947/2014
11 de junio de 2014

20/2/14

Las dificultades para implementar el sistema de juicio por jurados en Tucumán

Por el Dr. Eduardo Martín González

Honorable Legislatura de la Pcia. de Tucumán

Extractos:

El presente trabajo estará referido a exponer los fundamentos de mi opinión contraria a la instauración del juicio por jurados en el ámbito de nuestra provincia, pretendiendo demostrar que ―a mi criterio― la referida incorporación del mencionado Instituto, choca con serios inconvenientes de diversa índole.

El sistema de juicio por jurados, ha sido visto históricamente como un medio útil para delimitar la autoridad de quienes gobiernan con poder excesivo, y como una intervención popular y democrática de la sociedad en la administración de justicia con miras a frenar el poder absoluto estatal en los juicios penales.

Los antecedentes del Juicio por Jurados lo encontramos en Grecia y en el propio Derecho Romano, con un verdadero origen del mismo en el sistema anglosajón y el cual derivó en el procedimiento americano de juicio por jurados. Ahora este Instituto busca un nuevo espacio dentro del sistema procesal penal argentino.

Debemos tener en cuenta que nuestro país adoptó para su gobierno la forma republicana, lo cual se encuentra establecido en nuestra Constitución Nacional, que en su Art. 1º reza: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según la establece la presente Constitución". Asimismo el Art. 33º de nuestra Carta Magna refiere que: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

Específicamente nuestra Constitución, ya en 1853 y dentro del sistema republicano que acabo de mencionar previó la instauración del Juicio por jurados, previsión esta que sigue vigente con la reforma del año 1994, conforme se puede observar en los Arts. 24, 75 inciso 12 y 118. El artículo 24 de la Constitución Nacional establece que: "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados" A su vez el artículo 75 inciso 12 prevé que "Corresponde al Congreso... Dictar...leyes...que requiera el establecimiento del juicio por jurados".

Por su parte el artículo 118 de la Constitución argentina establece que: "Todos los juicios ordinarios criminales, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución". No obstante el mandato constitucional acunado en el año 1853 y que rige para toda la República, fue recién a partir del año 1991 que el juicio por jurado fue incorporado por primera vez al procedimiento legal en argentina aunque de manera provincial a través del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, la cual al día de la fecha y junto a Buenos Aires, son las únicas provincias que implementaron este Instituto.

Debemos antes de continuar, manifestar que según las diversas legislaciones se pueden diferenciar tres sistemas de juicio por jurados.

En primer lugar tenemos el sistema clásico, implementado en Austria, Noruega, Dinamarca, Rusia, España e Inglaterra, donde el jurado está compuesto por Jueces profesionales y Jueces legos que deliberan y deciden en forma separada.

Tenemos también el sistema "escabinado" o de escabinos, vigente en legislaciones europeas tales como Italia, Alemania y Francia, el cual también lo encontramos implementando dentro de nuestro país en las Provincias de Córdoba y Buenos Aires. En este sistema, el jurado se integra por Jueces legos y Jueces profesionales que deliberan y deciden en forma conjunta.

Finalmente existe un tercer sistema que solo se utiliza en Tribunales de instancias inferiores en Inglaterra, en el cual solo Jueces legos deciden sobre la culpabilidad y la pena.

Ahora bien, teniendo una noción básica de los sistemas de Juicio por Jurados, debemos hablar estricta y necesariamente de cuestiones que son inherentes a la aplicación e implementación de esta Institución en nuestro ordenamiento procesal penal, ya que considero es inservible, cuando no perjudicial, realizar una reforma legislativa que no pueda en la práctica materializarse en nuestro sistema legal.

En primer lugar he de advertir que la implementación de un sistema de Juicio por Jurados acarreará a nuestra provincia un alto coste económico, debido a que se debe tener en cuenta un presupuesto destinado específicamente a infraestructura, capacitación, la preparación del material para que sea comprensible por parte del jurado, viáticos, personal, etc., a los fines de poder garantizar el correcto funcionamiento de esta Institución.

Así, no podemos dejar de tener en cuenta la experiencia de aquellos países que ya poseen este sistema de juicio, donde a modo de ejemplo se puede hacer constar que en el año 1999, cada día de juicio por jurados le costó a Estados Unidos un promedio de U$S 5.000, y que en España en el año 2004 el costo de este sistema fue de 150 euros diarios por cada miembro jurado.

Por lo tanto, en una realidad donde el presupuesto para nuestro Poder Judicial es apenas el necesario para mantener el aparato judicial existente, deviene imposible la aplicación de un Instituto que en la práctica no podrá materializarse.

Y no es solo alto el coste económico, sino también el desgaste jurisdiccional que se produciría en caso de reforma. Tengamos en cuenta que para respetar las garantías de un imputado, el "Tribunal" deberá ser constituido con anterioridad a la citación a juicio del imputado. Esto nos indica en que la audiencia de integración del Tribunal, donde un número indeterminado de personas que fueron sorteadas deberán comparecer, como la "carga pública" que se considera es ser jurado, estos no solo deberán comprender la gran responsabilidad que recaerá sobre sus hombros, sino que se verán inmersos dentro de un macabro juego de excusas y de recusaciones, con y sin causa. Es dable destacar que este nuevo "acto procesal", va a insumir enormes esfuerzos de recursos humanos, temporales y espaciales; recursos estos que no solo ponen en juego un mayor retardo en la Resolución de la causa que se entenderá mediante Juicio por Jurados, sino también en aquellas otras que no lo harán.

Me atrevo a ir más allá y preguntar, ¿Como hacemos para mantener a un individuo aislado desde su designación efectiva, hasta la fecha en que efectivamente se llevará a cabo el Juicio? ¿Cómo se logra que este individuo no se contagie de la opinión pública o de los medios de comunicación durante un período de tiempo más o menos prolongado en una provincia donde desde la citación a juicio a un imputado, hasta el juicio oral, nunca pasan menos de 60 días? Incluso más, ¿Que pasa si un día antes de la fecha fijada para la audiencia de debate oral y público, el imputado junto a su defensa y al Fiscal de Cámara, representante del Ministerio Público, presentan un acuerdo de Juicio Abreviado, se les dirá a los jurados que ya no es necesaria su participación en la justicia luego de haber puesto en marcha todo este aparato de altos costos que se mencionó?

En un sistema donde se bregó por los juicios orales, manifestando que los mismos se sustentan sobre la inmediatez, la celeridad y la economía, resulta a todas luces inconveniente sustituir este sistema por otro que se vislumbra como altamente lento y oneroso.

Tengamos en cuenta que en el mismo Estados Unidos, solo un 3% de los juicios se resuelven por este medio, siendo que en ese país también el imputado tiene la posibilidad de negociar la pena con el fiscal para evitar llegar al juicio, en un sistema muy similar a nuestro juicio abreviado. Asimismo no debemos dejar de observar que en el país norteamericano dura más la formación del jurado que el juicio en si mismo.

Otro de los puntos que es necesario analizar profundamente es la falta de formación en cuestiones técnicas por parte de los ciudadanos que pueden llegar a ser designados como jurados, teniendo en cuenta que en los antecedentes de Córdoba y Buenos Aires, los abogados y procuradores no pueden ser designados como jurados.

Quienes bregan a favor de la implementación del Juicio por Jurados manifiestan que esta falta de formación no es suficiente para invalidar la aplicación del mencionado Instituto, que lo importante es poder vislumbrar si existe interés por parte de la ciudadanía en su compromiso de participación para la administración de justicia.

Me ha demostrado la realidad de nuestra provincia, que solo acuden a los juicios orales y públicos, aquellos ciudadanos que tienen un interés directo en el hecho que se va a resolver, no así en aquellos donde su interés no se ve afectado. Surge así la necesidad de fortalecer la formación cívica y de concientizar a la sociedad acerca de la importancia que implica asumir el juicio por jurados, de decidir totalmente libre de prejuicios, de coacciones, de intereses, influencias o sentimientos.

Como ya lo ha mencionado claramente nuestra Profesora, la Dra. Alicia B. Freidenberg, el jurado lego o popular representa serios peligros a la vigencia de la eficacia de ese servicio de justicia, desde diversos puntos de vista: Un jurado mal llamado popular porque no representa a nadie (Jorge Horacio Gentile, Prof. de Derecho Constitucional U.N.Córdoba) se mueve por lo general a través de prejuicios, reacciones incontrolables y hasta a veces irracionales, sentimientos de venganza, etc. Al juez, en cambio, se le exige ser imparcial e independiente, es decir, soberano en sus decisiones, ajeno a toda influencia foránea, objetivo, se le exige capacidad técnica e idoneidad, se lo somete a un concurso. ¿Y a los jurados qué? Se los elige por sorteo y así escogidos, decidirán por la culpabilidad o inocencia de una persona en un proceso, basados solamente en el sentido común, el cual será expresado en secreto y sin responsabilidad alguna.

En los jurados, la influencia externa es tremenda e inevitable. El juez ―en cambio― está más pertrechado para esos embates y tiene que estar inmune a esas influencias, deberá dar solución al conflicto en una actitud escéptica y neutral, fundado en la razón de los hechos y del derecho y responderá frente al justiciable y a la sociedad con sus propios actos.

Me pregunto entonces, ¿dónde quedó la sana crítica racional que tanto nuestro sistema legal exige a los jueces? ¿Cómo salvar ese requisito de la adecuada motivación y fundamentación de las sentencias, si a aquel que le otorgamos ese poder no lo preparamos científica, racional, espiritual y psicológicamente para tamaña responsabilidad?

Como ya advertí previamente, los jurados van a llegar al juicio contaminados, con opiniones previamente formadas y un alto grado de subjetividad, este jurado se maneja con sensaciones, con sentimientos; mientras que un Juez debe manejarse con pruebas, las cuales deben ser a su vez legales.

Es necesario advertir que desde la reforma constitucional de 1994, el sistema de elección de los magistrados a nivel nacional se modificó sensiblemente, en la medida en que dejaron de ser designados antojadizamente por el Poder Ejecutivo, y de la mano de la instauración del Consejo de la Magistratura, la implementación de concursos para cubrir esos cargos y la incorporación de consultas populares a través de mecanismos de adhesión y oposición a dichas candidaturas, cambios estos que fueron acertadamente acogidos por nuestra provincia, mejorando a grandes niveles la administración de justicia que se dispensa en Tucumán, demostrando que quienes tienen en sus manos el poder punitivo del Estado, son hombres y mujeres que pueden ser caracterizados en un solo apelativo: "Probos".

Existe una reconocida frase en la película "12 hombres sin piedad" que reza: "Donde quiera que se encuentre el prejuicio, este siempre nubla la verdad". En esta película se observa a un jurado que debate para decidir si una persona era culpable o inocente del homicidio de su padre. Y es en este debate donde se puede observar, que cada jurado acarrea un bagaje de ideas preconcebidas sobre el juicio y sobre este acusado.

No puede pasarse por alto que por falta de conocimiento podrían vulnerarse garantías procesales, no es solo una cuestión no económica la que podría atentar contra el instituto en análisis, sino el propio interés de la ciudadanía en anhelar y buscar una formación adecuada.

No se puede dejar de ver que los jurados, al no estar vinculados con la ley como los jueces, hacen apreciaciones de acuerdo a los valores morales de la sociedad, por lo que hay numerosas cosas que podrían resultar óbices para lograr juicios justos sobre lo que nos rodea.

Pueden mencionarse a modo de ejemplo los prejuicios o ideas preconcebidas sobre la realidad, los prejuicios o ideas preconcebidas sobre los demás, los intereses personales, la influencia de lo que piensa la mayoría y la influencia en lo individual que pueden tener ciertos tipos de informaciones, el miedo a proyectar una imagen que sea rechazada por los demás o el dejarse llevar por las apariencias de manera acrítica, entre otras cuestiones que podrían influenciar de manera negativa en la objetividad de las decisiones.

Si lo que se pretende entonces, es limitar y controlar de manera garantizadora para el Estado de Derecho el poder penal que tiene el Estado, habilitando la participación ciudadana, aparece como fundamental la concientización individual de todos aquellos que pudieran ser jurados acerca de la inconmensurable herramienta que se les estaría otorgando para la concreción de justicia.

Finalmente no podemos dejar de observar el principio de legalidad, el cual debemos respetar. 

El artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional establece que: "Corresponde al Congreso (...) Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados". Así deja en claro la Constitución, que el juicio por jurados debe ser instaurado por ley especial que rija para toda la Nación.

Entonces podemos advertir que las legislaciones provinciales que han incorporado el juicio por jurados, regulan de manera local una facultad reservada por la nuestra Carta Magna al Congreso de la Nación. La regla general en materia de división de competencias legislativas, es que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal (Art. 121 C.N.), con lo cual el Congreso de la Nación tiene facultad exclusiva para dictar el Código penal y las leyes penales complementarias (Art. 75 Inc. 12 C.N.) y las provincias conservan plena competencia para legislar en materia procesal. Sin embargo, dentro de los poderes delegados a la Nación se incluyen los expresamente cedidos según la Constitución y también los consecuentes o implícitamente delegados, esto es, aquellos cuyo ejercicio por los poderes provinciales obstaría o haría ineficaz el ejercicio de las competencias constitucionales del Congreso de la Nación. Así las cosas, en el caso de la implementación del juicio por jurados. La Constitución ha otorgado de manera exclusiva y excluyente al Congreso Nacional la facultad de legislar en materia de juicio por jurados.

La Ley Suprema ha establecido en su artículo 75 inciso 12 que corresponde al Congreso dictar leyes generales para toda la Nación sobre las cuestiones que requiera el establecimiento del juicio por jurados. No queda duda alguna de que no ha sido una potestad reservada a las provincias, sino que ha sido una facultad expresamente delegada al gobierno federal, que deberá regular la instauración del juicio por jurados mediante leyes que rijan para toda la Nación. Debemos deducir entonces, que aquellas normativas provinciales que implementan y regulan el juicio por jurado, chocan con el mandato constitucional por cuanto regulan de manera local un asunto que debe ser tratado por el gobierno federal.

Se ha dicho que existen poderes implícitamente prohibidos a las provincias y que ello encuentra respaldo en la propia Constitución, pues el artículo 75, además de atribuir al Congreso nacional competencia para dictar el Código Penal, también lo faculta a hacer todas las leyes concedidas por la propia Constitución.

El artículo 75 inciso 12 establece un supuesto de ley procesal que debe ser dictada para toda la Nación por el Congreso nacional, al atribuir al órgano legislativo nacional la facultad de elaborar las leyes que requieran el establecimiento del juicio por jurados.

Para quienes manifiestan que la legislación procesal es competencia específica de las Provincias, he de citar a Zaffaroni, quien nos dice que la legislación procesal es un principio rector, pero no un límite, al menos en términos absolutos. Las provincias no han delegado todas las facultades legislativas procesales, pero tampoco se han reservado todas. No puede pasarse por alto que el Gobierno de la Nación, por ejemplo, pueda celebrar tratados internacionales que incorporen normas procesales al derecho interno.

Con acierto sostiene Gelli, que el establecimiento del Juicio por Jurados implica una modificación sustantiva en la administración de justicia penal (con la participación de pueblo en ella) y, tal como lo dispone la Constitución Nacional, debe ser el Congreso de la Nación quien lo instituya y ésta, fue la opinión que prevaleció en la Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación del 22 de diciembre de 2004, y en especial, el de su presidenta, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Enlace: Versión PDF

Dr. Eduardo Martín González
Docente de la Cátedra de Derecho Penal: Parte Especial
Universidad Nacional de Tucumán

Comisión Especial para el Estudio del Código Procesal Penal de Tucumán
(Honorable Legislatura de Tucumán)
20 de febrero de 2014

21/5/13

Exorcizar al diablo con Belcebú

Por el Dr. Ernst von Beling

Dr. Ernst von Beling
Brillante y célebre penalista alemán

Extractos:

Creer que con los jurados se evitarán los errores judiciales significa exorcizar al diablo con Belcebú. Al legislador del futuro le está claramente trazado el camino: la jurisdicción debe ser restituida, en todo su alcance, a los jueces profesionales.

Beling, Ernst, Derecho procesal penal, t. II, p. 44 y 45.

15/4/13

El empeño de destruir lo que existe

Por el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield

Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield
Redactor del Código Civil argentino
 
Extractos:
 
Categórica es la oposición que hace, con su gran prestigio y autoridad, Dalmacio Vélez Sarsfield. Respetuoso del derecho tradicional y de las costumbres del país en todo aquello que no juzga indispensable modificar, hablando en la Sala de Representantes de Buenos Aires no considera conveniente que para castigar los delitos se recurra al establecimiento de otros tribunales que los puestos por la legislación española, que pueden imponer castigos hasta en el término de veinticuatro horas. En cambio, afirma que si el gobierno se entromete a nombrar jurados, va a prolongar las causas.
 
En 1858, durante la discusión del proyecto de supresión del Tribunal del Consulado, Vélez Sarsfield atribuye la iniciativa que no comparte al empeño de abogados jóvenes de inventarlo todo, de destruir lo que existe, y de crear cosas nuevas que o sabemos qué resultados nos darán.
 
Enlace: Versión PDF
 
Abelardo Levaggi
El juicio por jurados en la Argentina Durante el Siglo XIX - Pág. 195
Universidad de Buenos Aires - Instituto de Historia del Derecho

Los juicios por jurados no pueden ser adoptados como base de nuestro sistema criminal

Por el Dr. Valentín Alsina

Dr. Valentín Alsina
 
Extractos:
 
Al tratarse de administración de justicia, siempre surgen entre nosotros dos ideas o cuestiones: una, la aplicación del sistema de jurados; y otra, la confección de códigos. Creo muy difícil lo primero, y que sólo podría ser adoptado para ciertos crímenes y como ensayo, mas no como base de nuestro sistema criminal.
 
Enlace: Versión PDF
 
Abelardo Levaggi
El juicio por jurados en Argentina en el siglo XIX
Pág. 195
Universidad de Buenos Aires
Instituto de Historia del Derecho

12/2/13

Con juicios por jurado una buena defensa debe trabajar sobre los sentimientos del jurado y argumentar lo menos posible

Por Gustave Le Bon

Psic. Gustave Le Bon

Extractos:
 
Hallaremos que demuestran tener sugestionabilidad y tan sólo una leve capacidad de raciocinio, mientras que se hallan abiertas a la influencia de los líderes de masas, estando guiadas mayormente por sentimientos inconscientes. En el transcurso de esta investigación tendremos ocasión de observar algunos ejemplos interesantes de los errores que pueden ser cometidos por personas no familiarizadas con la psicología de las masas.
 
Al igual que las masas, los jurados se impresionan muy fuertemente por consideraciones sentimentales y muy levemente por argumentos. “No pueden resistir la vista ―escribe un abogado― de una madre dándole el pecho a su hijo, o el de los huérfanos”. “Es suficiente que una mujer tenga una presencia agradable ―dice M. des Glajeux― para ganarse la benevolencia del jurado”.
 
Carentes de misericordia por crímenes de los cuales parecería posible que ellos mismos podrían terminar siendo víctimas ―estos crímenes, por lo demás, son los más peligrosos para la sociedad― los jurados, en contrapartida, son muy indulgentes en el caso de violaciones a la ley cuyo motivo es la pasión.
 
Los jurados, al igual que las masas, se dejan impresionar profundamente por el prestigio y el Presidente des Gajeux destaca muy adecuadamente que por más democráticos que sean los jurados en su composición, resultan ser muy aristocráticos en sus filias y sus fobias. “Nombre, cuna, gran fortuna, celebridad, la asistencia de un defensor ilustre, cualquier cosa de naturaleza distinguida o que otorgue brillo al acusado, lo pone en una posición extremadamente favorable”.
 
La principal preocupación de una buena defensa debería ser la de trabajar sobre los sentimientos del jurado y, como con todas las masas, argumentar lo menos posible, o bien emplear tan sólo modos rudimentarios de razonamiento.
 
El orador no necesita convertir a su opinión a todos los miembros del jurado sino solamente a los espíritus lideradores del mismo quienes determinarán la opinión general. Como en todas las masas, también en los jurados hay un reducido número de individuos que sirven de guía al resto. “He hallado por experiencia ―dice el abogado antes citado― que una o dos personas enérgicas bastan para arrastrar el resto del jurado con ellas”. Es a esos dos o tres que es necesario convencer por medio de hábiles sugestiones. Ante todo y por encima de todo es necesario agradarles.
 
Psicología de las masas.
Libro III. Capítulo III.
Gustave Le Bon (1894).

7/2/13

El ciudadano acusado tiene derecho a que le digan por qué lo declaran culpable (y el ciudadano, presunta víctima, el de saber por qué se absolvió al acusado)

Por el Dr. José I. Cafferata Nores

Dr. José I. Cafferata Nores

Extractos:

La exclusión de la arbitrariedad del fallo de un tribunal criminal se logra más naturalmente entre técnicos en derecho, con la exigencia de motivación.

La motivación de las sentencias, sobre todo la condenatoria, integra el derecho de defensa en juicio, no sólo porque el ciudadano acusado tiene derecho a que le digan por qué lo declaran culpable (y el ciudadano, presunta víctima, el de saber por qué se absolvió al acusado), sino porque la motivación es imprescindible, entre nosotros, para el ejercicio del derecho a recurrir, que consagran los pactos internacionales (p.ej., CADH) de nivel constitucional (art. 75, inc. 22), que es otro importante aspecto de la defensa en jucio.

Cafferata Nores, José I., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 3° ed. ,Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005, pág. 196.

6/2/13

Franco enemigo de los juicios por jurado

Por el Dr. Alfredo Vélez Mariconde

Tratado de derecho procesal penal del Dr. Alfredo Vélez Mariconde

Extractos:

Adviértase ante todo ―en un plano dogmático― que el art. 24 de la Constitución Nacional está lejos de ser un albergue seguro de los partidarios del jurado popular. Esta disposición consagra ―como observa muy bien Soler― una norma jurídica imperfecta, es decir, una simple aspiración, declaración o expresión de un ideal, puesto que a hipótesis de que no se cumpla no se conecta consecuencia jurídica alguna, "que sea, al mismo tiempo, la garantía del cumplimiento de aquélla y la sanción de su incumplimiento". Tratándose, pues, de una norma sin sanción, de una "campana sin badajo" (Binding), lo mismo que el art. 102 de la Constitución Nacional, bien ha podido triunfar la opinión de que la institución del jurado popular depende, en realidad, de un criterio de oportunidad o de conveniencia práctica.

La participación directa del pueblo en las funciones legislativa, ejecutiva o jurisdiccional, vulnera el sistema representativo que está en la base de nuestra organización, puesto que el pueblo gobierna, ciertamente, pero por medio de sus representantes. El pueblo tiene derecho de elegir sus representantes, pero nunca el de legislar, ejecutar o aplicar las leyes.

No hay duda que una influencia extraña y perniciosa resulta mucho más factible frente a un jurado popular que a un magistrado técnico cuya independencia es propia del Poder que representa. Como el jurado carece del freno que lógicamente da la capacidad técnica, puede sufrir más que un juez la influencia perniciosa de sus amigos, compañeros, partidarios, socios o patrones que intenten torcer el camino recto de la justicia.

Todos los habitantes de la Nación son "admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad", establece el art. 16 de la Constitución Nacional. En otros términos, según el espíritu de este precepto, la idoneidad es una condición esencial para ejercer cualquier función pública, sea transitoria o permanente; y no hay otra norma que pueda aplicarse cuando el problema se plantea en el campo político. Si el proceso es esencialmente técnico, los órganos públicos que en él actúan deben poseer conocimientos de derecho, de lógica, de psicología y, en general, de todas las ciencias auxiliares de derecho penal, sustantivo y procesal.

Esto es evidente aun para analiza exclusivamente los hechos, puesto que para llegar a establecerlos se necesita analizar y valorar la prueba. Los partidarios del jurado pretenden que es posible separar absolutamente las cuestiones de hecho y de derecho, dejando la solución de las primeras al tribunal popular y el conocimiento de las segundas a un juez técnico. Esta pretensión es quimérica. El jurado se ocupa del delito, es decir, de un hecho jurídico y no de un simple hecho material, de suerte que derecho y hecho son inseparables como el anverso y reverso de una misma tela, como la forma y la sustancia, aun cuando se tenga cuidado de evitar en lo posible términos técnicos cuando se formulan las cuestiones que el jurado debe resolver.

La elección debe hacerse entre un juez técnico, independiente y responsable de sus actos (los que son puestos en conocimiento de la sociedad para que ésta se entere de las razones que su representante ha tenido para condenar o absolver) y un jurado que ignora los factores decisivos de su juicio y que lo emite sin contraer responsabilidad alguna porque nadie conoce los motivos que lo han determinado.


Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho procesal penal, Tomo I, Buenos Aires, Lerner, 1969, págs. 219 a 227.

Los jurados son proclives a las influencias religiosas, políticas y raciales, a modalidades localistas y al empuje de las pasiones exaltadas por los conflictos sociales

Por el Dr. Jorge A. Clariá Olmedo

Tratado de Derecho Procesal Penal del Dr. Jorge A. Clariá Olmedo

Extractos:

El tribunal técnico es más independiente teniendo en cuenta que los jurados son proclives a las influencias religiosas, políticas y raciales, a modalidades localistas y al empuje de las pasiones exaltadas por los conflictos sociales.

Es el peligro de juzgar en conciencia, que para el juez técnico se supera con exigencia de una sana crítica racional. La íntima convicción de los jurados escapa al contralor popular que el sistema impone en la administración de justicia. Nuestra cultura cívica y formación procesal no concibe una sentencia sin fundamentación. Agréguese a ello la complejidad de las pruebas para acreditar los hechos que son producto de la moderna delincuencia. El jurado superará estas muy serias dificultades con sólo invocar su íntima convicción, y con ello quedarán receptadas las más grandes iniquidades.

No hay duda de que el fallo racional y motivado del tribunal técnico ofrece mayores garantías. Es el resultado de una versación jurídica y técnica judicial adecuada para excluir los elementos de convicción ajenos a los autos. El jurado mezcla sus internas motivaciones con el ámbito emocional de los sentimientos, declarando la culpabilidad o la inocencia en un solo vocablo, con prohibición de explicarlo.

La fundamentación del fallo judicial es garantía de justicia, conquistada a través de largas vacilaciones. Es un derecho de todos los miembros de la colectividad conocer la razón de una condena o de una absolución para evitar la arbitrariedad y exigir la objetividad de los pronunciamientos. ¡Cuánto más garantía es para las partes saber y entender las razones con las que se protegen o afectan sus propios intereses!

Sería un desacierto político poner ahora en práctica los imperativos constitucionales ocultos tras la sombra de cien años, fundándose en la única razón de que permanecen escritos.

Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho procesal penal, Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, págs. 273 a 275.

El instituto del jurado no resulta defendible ante las modernas concepciones técnicas

Por el Dr. Luis Jiménez de Asúa

Dr. Luis Jiménez de Asúa

Extractos:

El instituto del jurado no resulta defendible ante las modernas concepciones técnicas que incluso reclaman un tipo de juzgador más científico que el que hoy administra la justicia.

Dr. Luis Jiménez de Asúa
(Madrid, 1889 - Buenos Aires, 1970) Brillante penalista español, exiliado a la Argentina, que contribuyó a la consolidación de la dogmática jurídico-penal moderna en los países de habla hispana a través de su monumental Tratado de Derecho Penal (1949-1963).

Jiménez de Asúa, Luis, Crónica del Crimen, 6ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1994, p. 69.

Planta exótica que nunca ha echado raíces en nuestro país

Por el Dr. Rodolfo Rivarola

Dr. Rodolfo Rivarola (firma al pie del retrato)

Extractos:

El juicio por jurado es una planta exótica que nunca ha echado raíces en nuestro país. Para ejercer la magistratura es menester haber educado el propio discernimiento con repetidas observaciones que constituyen el gran caudal de buen juicio que se llama experiencia.

Rivarola, Rodolfo, La justicia en lo criminal. Organización y procedimiento, Buenos Aires, 1899, págs. 15 y 27.

5/2/13

La justicia del crimen debe quedar a cargo de tribunales de derecho

Por el Dr. Ricardo Levene (h.)

Dr. Ricardo Levene (h.)

Extractos:

En la magistratura profesional hay más preparación y no menos independencia, ya que el jurado es fácil de impresionar, o de caer en el cohecho, o de ser presa de la influencia exterior o de la dialéctica brillante, pero a veces sin razón, de los letrados.

El jurado no fundamenta su veredicto, lo que hace difícil la rectificación de sus errores, y en cambio facilita su irresponsabilidad, y si bien escapa al riesgo de burocratización, pues la intervención judicial de sus miembros es ocasional, ellos no adquieren en cambio una cualidad tan importante como es la experiencia.

La justicia del crimen, por la naturaleza técnica de las cuestiones y los delicados problemas jurídicos que suscita, debe quedar a cargo de tribunales de derecho.


Levene (h.), Ricardo, Manual de derecho procesal penal, 2° ed., Buenos Aires, Omeba, págs. 83 y 84.

Los hombres llamados a juzgar deben poseer los conocimientos necesarios

Por el Dr. Enrico Ferri

Dr. Enrico Ferri

Extractos:

El sistema es absurdo y le falta hasta la garantía de la cultura general y de una reflexión ejercitada. Los legos electos conforme a la suerte ciega no pueden sino representar la cualidad predominante del pueblo: la ignorancia.

Los hombres llamados a juzgar deben poseer los conocimientos necesarios. Los ideales democráticos no están en pugna con la ciencia, por lo que los arduos y peligrosos problemas de la justicia criminal no debieran ser resueltos por la ignorancia popular.

Ferri, Enrico, I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, 1884, pág. 457.

4/1/13

El juicio por jurado no "democratiza" la justicia: ¡la tiraniza!

Por el Dr. Carlos P. Pagliere (h.)

Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Tribunal Oral Criminal N° 2 de Azul

Uno de los argumentos favoritos de los promotores de los juicios por jurado es que "democratizan" la justicia. Es precisamente el argumento más falaz de todos. El jurado no es democrático, en lo más mínimo: el sistema de juicios por jurado NO es tolerado por ningún Estado verdaderamente democrático.

La democracia es el gobierno de la mayoría del pueblo, sea por sí mismo o a través de sus representantes elegidos por voto ciudadano. Cuando elegimos presidente, gobernador, diputados y senadores, votamos todos los ciudadanos y se nombran los candidatos que la mayoría ha escogido.

A los miembros del jurado no los elige nadie. Ellos surgen de un sorteo realizado entre los integrantes del padrón electoral. Los promotores de los juicios por jurado explican: "no hace falta que a los jurados los elija el pueblo, porque ellos son el pueblo". Suena muy lindo, pero es difícil concebir un sofisma más burdo y descarado.

Imaginemos que al presidente de la Nación se lo eligiera por sorteo dentro del padrón electoral. ¿Alguien se podría sentir representado? ¿Y si el sorteado fuera perverso, inmoral, incapaz, mentecato? ¿Habría que aceptar que la persona sorteada es el pueblo? Pues no.

A nadie se le ocurriría tampoco elegir diputados por sorteo, ni senadores por sorteo, ni intendentes por sorteo. ¿Sabe por qué? Porque el "pueblo" no es usted, ni yo, ni nuestro vecino, ni un ciudadano escogido al azar en el padrón electoral, sino que es el conjunto de los ciudadanos.

A través del voto popular elegimos a la persona que nos habrá de representar. La elegimos conforme sus pensamientos y proyectos, en la medida en que coinciden con los nuestros. Un sorteo en el padrón electoral no es una "elección", porque nadie elige nada.

La persona sorteada puede pensar como la mayoría de la población o ser un filonazi, un anarquista, un abolicionista del derecho penal, un perverso, un inmoral. La persona surgida de un sorteo no sólo no "representa" a nadie, sino que impone su voluntad, aunque sea contraria a la del pueblo.

Queda así expuesta la falacia de los promotores de los juicios por jurado: el jurado no es el pueblo, ni ha sido elegido por el pueblo. Son doce personas cualquiera que las escoge el azar. Es la dictadura del azar, porque se echa a la suerte el destino del imputado y la víctima.

Los jueces, en cambio, sí son designados democráticamente. En su elección intervienen: a) el Consejo de la Magistratura (nacional o provincial), que tiene representación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (y de otras instituciones públicas); b) la Honorable Cámara de Senadores (de la Nación o las provincias), que sesiona y presta su acuerdo, y c) el Poder Ejecutivo (presidente o gobernador) que hace el pedido de acuerdo al Senado y suscribe el decreto de designación. Es decir, aunque no sean elegidos directamente por voto popular, sí son elegidos por los legítimos representantes del pueblo.

Pero no sólo es absolutamente falso el argumento de la "democratización de la justicia" sino que además el juicio por jurado es un sistema tiránico.

Si decimos
 que alguien es tiránico, ¿usted cómo se imagina a esa persona? Si la imagina como alguien caprichoso y arbitrario, que hace las cosas porque así se le antoja, sin explicar por qué, usted está describiendo cabalmente el modo en que la ley obliga a actuar al jurado.

¿Qué diría usted de un padre que castiga a su hijo "porque sí", sin decirle por qué? El niño recibe una paliza y al preguntar "¿qué hice?", el padre ni le contesta. ¿Diría usted que es buen padre? No creo. Más bien todos diríamos que es un padre tirano, déspota ¿no? Bueno, eso es lo que hace el jurado: condena porque sí, sin explicar al reo por qué y absuelve porque sí, sin explicar a la víctima por qué.

No hay que dejarse engañar: el sistema de juicios por jurado no "democratiza" nada. Todo lo contrario: el juicio por jurado tiraniza la justicia penal.

27/12/12

Juicio por Jurados

Por el Dr. Emilio A. Ibarlucía

Dr. Emilio A. Ibarlucía
Abogado constitucionalista

Con motivo del fallo absolutorio en el caso "Marita Verón" volvió a tomar protagonismo el Juicio por Jurados. En la Provincia de Buenos Aires la Cámara de Diputados local dio media sanción a una ley instaurando tal sistema de enjuiciamiento. Al mismo tiempo, en el Congreso Nacional se disponen a hacer lo mismo.
 
Sin embargo, parece olvidarse que el juicio por jurados, tal como contempla el proyecto con media sanción de la Provincia de Buenos Aires y la mayoría de los existentes en el Congreso Nacional, padece de serias objeciones constitucionales, lo que producirá que tanto los tribunales de casación penal como las Cortes de ambas jurisdicciones declaren la nulidad de muchas de las sentencias que con la implementación de tal sistema se dicten.
 
No se tratará de sentencias absolutorias, porque todas las leyes de juicios por jurados contemplan que el veredicto absolutorio es inapelable (por ejemplo, si así hubiese resuelto un jurado en el caso "Verón" no estaríamos hablando ahora de que la sentencia que se dictó será revisada por el Superior Tribunal de Tucumán). Se tratará, por el contrario, de sentencias condenatorias que, aparentemente, es lo que los poderes políticos quieren ver respondiendo al "clamor popular". (1)
 
Soy consciente de que cualquiera que lea el título de esta nota posiblemente dirá: "¿cómo puede objetarse el juicio por jurados si lo ordena la Constitución?". Responder a esta pregunta es la motivación principal de estas líneas.
 
En efecto, tres artículos de la Constitución lo mencionan: el art. 24 —norma de la parte dogmática que contempla que el Congreso debe promover su establecimiento—, el art. 75 inc. 12 —viejo art. 67 inc. 11 que entre las atribuciones del Congreso prevé lo mismo—, y el art. 118 —ex art. 102—, que en la parte sobre el Poder Judicial contempla que los juicios criminales ordinarios deben "terminarse" por jurados. Todas ellas tienen su origen en texto de 1853 (2) y, como es bien sabido, hallaron su fuente en la Constitución de EE.UU. de 1787, musa inspiradora de nuestros constituyentes, sobre todo en materia de organización de los poderes del Estado. (3)
 
Escapa al objeto de esta breve nota reseñar el origen histórico de esta institución, pero sí es importante recalcar que, si bien en los siglos XVIII y XIX puede haber sido un avance importantísimo en el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano frente a la justicia ejercida por jueces "delegados" de los monarcas absolutos que regía en casi todos los países del mundo, no puede decirse lo mismo en pleno siglo XXI, desde que "mucha agua ha corrido bajo el puente" desde entonces en materia de derechos y garantías.
 
Comencemos por señalar que ya desde la misma sanción de nuestra Constitución en 1853 surgieron dos graves contradicciones entre el art. 18 y el instituto del juicio por jurados que las otras normas del texto referidas preveían. (4)
 
En primer lugar la garantía del juez natural ("nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa"), ya que si bien los jurados no son jueces evidentemente ejercen una función jurisdiccional, al punto de que de su veredicto depende la libertad o la prisión de una persona. Pero esta objeción, sin embargo, es la más fácil de sortear dado que la mayoría de las leyes que regulan el instituto lo prevén como una opción o derecho del imputado, de manera que mal podría invocar la violación de esa garantía quien voluntariamente ha pedido ser juzgado por ese sistema. (5)
 
La segunda objeción, en cambio, es muy difícil de rebatir. Me refiero a la exigencia constitucional de la sentencia fundada en la ley que el art. 18 contempla. Se trata, ni más ni menos, que la obligación de que la sentencia esté debidamente motivada; debe contener una clara explicación acerca de por qué considera el juzgador que el hecho ha ocurrido y de qué manera, en qué ha consistido la participación del imputado en el mismo y cuáles son las pruebas en que se funda para llegar a tales asertos. A lo largo del siglo XX, la Corte Suprema de la Nación acuñó la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que puede sintetizarse en la frase: la sentencia debe ser una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias probadas de la causa. La Cámara Nacional de Casación Penal, por su lado, en varias oportunidades ha anulado sentencias de tribunales de juicio por entender que no explicitaban con claridad las inferencias lógicas por las cuales se daban por probados los hechos o la responsabilidad penal del imputado. De más está decir que la necesidad de la fundamentación racional de las sentencias, además de garantía de la defensa en juicio, es uno de los elementos básicos del sistema republicano de gobierno.
 
¿Cómo se compadece entonces este requisito —que a esta altura de la evolución del Estado constitucional de Derecho debemos considerar elemental— con la circunstancia de que el veredicto del jurado no sea fundado? Es así en las leyes que contemplan el jurado compuesto íntegramente por ciudadanos no letrados. El artículo 106 del proyecto con media sanción en la Provincia de Buenos Aires dice expresamente que la exigencia de motivación de las sentencias no regirá respecto del veredicto emitido en el juicio por jurados. Este debe ser sobre culpabilidad o inocencia ("guilty or not guilty"), y el art. 375 bis de dicho proyecto dice que "en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado contendrá la transcripción del veredicto del jurado". Para que no queden dudas de la falta de motivación, el proyecto modifica el art. 210 del Código Procesal Penal que dice que la sentencia debe contener la valoración de la prueba con expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados con desarrollo escrito, pero añade: "esta regla no rige para el veredicto del juicio por jurados".
 
Ahora bien, si el veredicto es condenatorio, el juez —que presidió el debate— debe dictar la sentencia que debe contener: 1) la calificación legal del hecho; 2) la concurrencia de atenuantes y agravantes que incidan en la individualización de la pena cuando hubieran sido discutidas o el Tribunal las encontrare pertinentes, 3) la determinación de las demás consecuencias jurídicas que correspondan (art. 338 bis).
 
¿Satisface ello el requisito de fundamentación de la sentencia? Es evidente que no. Adviértase que nada dice acerca de los hechos, cómo se los consideró probados, por qué se halló culpable al imputado, etc. Solamente la calificación legal del hecho como si fuera posible decirlo sin explicitación alguna acerca de por qué se consideró acreditados el hecho calificado de esa manera y la responsabilidad penal del juzgado.
 
Por otro lado, no llego a entender cómo puede un juez fundar una sentencia con un veredicto pronunciado por otros. ¿Es que el juez es un autómata que tiene que aceptar acríticamente la decisión del jurado? ¿Y si no está de acuerdo? Se dirá que por ello, este tipo de leyes exigen esos mínimos requisitos de la sentencia y de esa manera no se violenta la conciencia del juez, que actúa, en realidad, como un simple empleado con un mínimo conocimiento de derecho (una suerte de Oficial Primero). Parece mentira que mientras las leyes de procedimiento administrativo (nacional y provinciales) exigen, bajo pena de nulidad, la motivación de los actos administrativos (aun de cuestiones menores) y la doctrina —tanto administrativista como constitucionalista— escribe ríos de tinta demandando el cumplimiento estricto de esta exigencia, en materia penal "se evolucione" a que privar a un ser humano nada menos que de su libertad (en el proyecto de la Provincia de Buenos Aires hablamos de penas mayores a quince años de prisión) no requiere sentencia debidamente fundada.
 
Y esto se vincula con la tercera objeción constitucional que —creo firmemente— es insalvable. Me refiero a la garantía de la doble instancia en materia penal que contemplan el art. 8.2. h de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambas de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 12 C.N.).
 
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado exigiendo a los Estados partes el cumplimiento irrestricto de esta garantía. La Comisión lo hizo con relación a los casos del copamiento del Regimiento de La Tablada que fueron juzgados en juicio oral por aplicación de la ley de Defensa de la Democracia (23.077). Primero en el caso "Maqueda" (1994) y más tarde en la causa "Abella" mediante el Informe 55/97 dijo que el recurso extraordinario federal por sus estrechos marcos cognoscitivos no garantizaba la doble instancia. Luego en Informes de 2010 sostuvo que la "eficacia" del recurso se hallaba estrictamente vinculado con el alcance de la revisión, lo que debía incluir la determinación de los hechos y su valoración probatoria. Posteriormente la Corte Interamericana ratificó estas directivas en el fallo "Herrera Ulloa c. Costa Rica" de 2004, en el que descalificó la legislación de este país que no permitía la revisión amplia en los casos de delitos menores. Dijo la Corte que el recurso debía permitir al tribunal entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos, las pruebas producidas, la valoración de estas, las normas invocadas, etc.
 
Ya antes de este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso similar —"Giroldi"— (6) al que acabo de citar, cambió su jurisprudencia y sostuvo que, de acuerdo al art. 8.2.h de la CADH, el cercenamiento recursivo que establecía el Código Procesal Penal para delitos con penas menores de tres años era inconstitucional.
 
Diez años después dictó un fallo que revolucionó todo el sistema de enjuiciamiento penal. Me refiero al fallo "Casal" del 20/09/05. (7) Hasta ese momento la Cámara Nacional de Casación Penal, por aplicación del art. 456 del C.P.P., sólo se ocupaba de la "inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva" y de algunos vicios "in procedendo". Estaba excluido todo lo relativo a la determinación de los hechos y a la valoración de la prueba. La Corte no declaró inconstitucional la norma indicada pero sostuvo que debía hacerse de la misma una interpretación amplia de forma tal que el tribunal de casación pudiera adentrarse en el análisis de las cuestiones "de hecho y prueba", debiendo agotar la capacidad de revisión. Ello llevaba a que lo único que no podía ser alcanzado por la revisión era que surgiera "directa y únicamente de la inmediación". Luego en los fallos "Martínez de Areco", (8) "Díaz" (9) y "Aráoz" (10) ratificó y extendió estos conceptos.
 
Dije que el fallo "Casal" revolucionó todo el sistema del procedimiento penal ideado bajo el sistema acusatorio, que se basaba en que era más factible llegar a la verdad en un juicio oral y público donde, si bien se dictaba una sentencia única, la composición colegiada del tribunal (tres jueces) era suficiente garantía para el imputado. Sin embargo, con motivo de los compromisos asumidos por nuestro país al adherir a la C.A.D.H. y al deber de seguir la interpretación de sus cláusulas hecha por la Corte Interamericana, dijo el máximo tribunal que el recurso que el código contemplaba no podía ser interpretado restrictivamente. Desde entonces, los tribunales orales en lo criminal, la Cámara Nacional de Casación y sus equivalentes en otras provincias hacen denodados esfuerzos para arbitrar mecanismos para satisfacer las directivas del fallo "Casal", que van desde labrar actas circunstanciadas del debate hasta grabar y filmar todo. Es que no hacer esto último puede conducir a la anulación de los juicios llevados a cabo y ordenar la realización de nuevos, con la violación al principio del "non bis in idem" y a la garantía del plazo razonable también prevista en la Convención (art. 8.1). Hasta tal punto llega la preocupación por el tema que algunos autores, con buenos fundamentos, sostienen que en la instancia de casación debe hacerse una suerte de nuevo juicio para que se pueda garantizar una revisión plena.
 
Ahora bien, si todo este muy complejo problema que devana los sesos de los penalistas desde hace 7 años se plantea con relación a sentencias fundadas (con determinación de los hechos y culpabilidad del imputado, mención de la prueba y su valoración explicitados), ¿cómo se resolvería el entuerto con los juicios por jurados, con los veredictos y sentencias que hemos indicado?
 
El proyecto con media sanción de la Provincia de Buenos Aires en materia del recurso de casación contra el veredicto y la sentencia (art. 448 bis) va a contramano de todo lo que se ha hecho y sostenido desde el fallo "Casal" en adelante.
 
A mi modo de ver, el sistema así legislado es insalvablemente inconstitucional, dado que no cumple las exigencias constitucionales de sentencia debidamente fundada y la de la doble instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.).
 
Vuelvo entonces a la pregunta con que comenzara estas líneas: ¿cómo podría tildarse de inconstitucional un sistema previsto en la misma ley fundamental?
 
Cuando dos cláusulas constitucionales entran en contradicción, conforme ha dicho la Corte Suprema reiteradamente, es un deber del intérprete encontrar la interpretación armonizadora para que ambas conserven igual valor y efecto. Esta pauta elemental fue especialmente ratificada por la Corte luego de la reforma de 1994, al decir que era de suponer que los constituyentes habían confrontado las cláusulas de los tratados internacionales que decidieron elevar a nivel constitucional con las de la Constitución histórica subsistentes y que no habían encontrado contradicción alguna, motivo por el cual la interpretación armonizadora era forzosa. (11)
 
¿Cómo debe compatibilizarse entonces la directiva constitucional de establecer el juicio por jurados con las garantías del juez natural, la sentencia debidamente fundada y la doble instancia? Lo primero, como ya vimos, no es difícil, ya que se resuelve estableciendo que el juzgamiento por un jurado sea una opción del imputado, o, en todo caso, con el derecho de este a recusar minuciosamente a sus posibles integrantes antes de su conformación definitiva. Las otras dos garantías —estrechamente vinculadas entre sí—, en cambio, no admiten otra cosa que su estricto cumplimiento.
 
Esto significa que el juicio por jurados será compatible con esas garantías en la medida que la legislación que lo regule exija que se dicte una sentencia debidamente fundada susceptible de revisión por un tribunal superior en los términos indicados por la Corte Suprema en el fallo "Casal". De la única manera que ello puede cumplirse es mediante jurados mixtos o "escabinados"; o sea, compuestos por personas no letradas y magistrados judiciales, quienes, naturalmente, tengan la misión de redactar la sentencia, aun cuando la misma sea suscripta por aquellos. Al mismo tiempo, el debate debe llevarse a cabo y registrarse de forma tal que pueda ser revisada la sentencia por un tribunal de apelación en forma plena (con la excepción de aquello tan nebuloso de lo que surge "directa y únicamente de la inmediación"). Sin embargo, lamentablemente esta no es la solución que parece prevalecer según hemos visto al referenciar el proyecto de la Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los obrantes en las Cámaras del Congreso Nacional. Es que aparentemente los fundamentos técnicos-racionales deben dejar lugar a las motivaciones "de sentido común", intuitivas o sentimentales del "pueblo" participando en los jurados. (12)
 
Las cláusulas constitucionales que hablan del juicio por jurados no dicen cómo deben integrarse los mismos. Es posible que en 1853, basados en el modelo norteamericana, se pensara solamente en jurados con personas no letradas, pero la evolución del Estado Constitucional de Derecho y la ampliación consiguiente de las garantías constitucionales obliga —en la medida que los textos literales lo permiten— a interpretar aquellas de forma tal que estas sean plenamente realizables.
 
La interpretación contraria —o sea, jurados integrados por personas no letradas que emiten veredictos y sentencias escritas por un juez que no ha participado de la decisión, que además no refieren circunstanciadamente los fundamentos— lleva a tachar los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la C.N. —en las partes pertinentes— como "anticonvencionales"; es decir, como contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos.
 
¿Es ello posible? Sí, al ratificar nuestro país la Convención se comprometió a adoptar todas las medidas constitucionales, legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para que todas sus derechos y garantías tengan plena vigencia (art. 2), y se sometió a la responsabilidad internacional consiguiente (art. 63 y cctes.). La C.I.D.H., a su vez, en jurisprudencia ya consolidada, ha dicho que los Estados partes tienen el deber de ejercer, aún de oficio, el control de convencionalidad, debiendo tener en cuenta para ello la doctrina que sobre la interpretación de las cláusulas de la Convención emanan de sus fallos. (13) Estas directivas han sido expresamente asumidas por la Corte Suprema Nacional en varias sentencias, (14) y en especial muy recientemente en el caso "Rodríguez Pereyra" de 27/11/12, en el que, al ratificar el control de constitucionalidad de oficio por los jueces, recordó aquellos fallos del tribunal interamericano.
 
¿Podría, entonces, una norma de la Constitución Nacional ser anticonvencional? Para la C.I.D.H. indudablemente que sí y los jueces de los Estados así deben declararlo de oficio. (15) Para la Corte Suprema, a la luz del fallo "Rodríguez Pereyra" entiendo que la respuesta también es afirmativa. Por ejemplo, no cabe duda que el art. 117 de la C.N. que establece la competencia originaria de la Corte en los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros es contrario a la Convención si se entiende que inexorablemente abarca a las causas penales en que aquellos estuvieran involucrados (como víctimas o como imputados), dado que si el juicio debiera llevarse a cabo en instancia única y exclusiva de la Corte no habría un tribunal superior al cual recurrir una sentencia condenatoria. Por lo tanto, o se excluyen las causas penales o la vieja norma es anticonvencional y por ende no puede ser aplicada. (16) Lo mismo ocurre con las cláusulas sobre el juicio por jurados. O se las interpreta con un alcance compatible con las garantías de debida fundamentación de las sentencias y de la doble instancia o son inaplicables por contrarias a la C.A.D.H. y al P.I.D.C.y P.
 
(1) No puedo dejar de señalar que en los EE.UU. muchas veces veredictos dictados por jurados produjeron reacciones de indignación popular todavía mayores que el de la causa "Verón". Recordemos que en 1992 la absolución por un jurado de Los Angeles de cuatro policías que habían apaleado a un ciudadano negro en la calle (Rodney King) originó un levantamiento popular que produjo incomensurables daños materiales, la muerte de 53 personas y más de 2000 heridos. En 1995 también en Los Angeles un jurado absolvió de los cargos de doble homicidio a O. J. Simpson, lo que fue fuertemente cuestionado por gran parte de la sociedad y de los medios que consideraban que las pruebas eran evidentes.
(2) Es increíble la improvisación irresponsable de muchos medios de comunicación y de políticos que en los últimos días han dicho que el juicio por jurados se instauró con la reforma de 1994.
(3) También se considera que tuvieron en cuenta la Constitución de Venezuela, que en su art. 117 contemplaba el instituto.
(4) Sobre el tema ver: IBARLUCIA, Miguel, "El juicio por jurados y las garantías constitucionales", E.D. L.A. 1998-B, p. 1559.
(5) Volviendo nuevamente al caso "Marita Verón" no se entiende por qué se cree que los imputados hubieran optado por ser juzgados por un jurado.
(6) Fallos: 318:514 (1995).
(7) Fallos: 328:3399.
(8) Fallos: 328:3741.
(9) Fallos: 329:2433.
(10) Expte. A. 941.XLV, sent. del 17&05/11, www.csjn.gov.ar
(11) Fallos: 319:324 ("Chocobar"); Fallos: 319:3148 ("Monjes").
(12) Sobre el tema ver: Ibarlucía, Miguel, "Juicios por jurados: El mito y su función", en LA LEY, 2005-F, 1089. Comienza este autor preguntándose por qué doce personas elegidas por sorteo del padrón electoral constituyen "el pueblo" como algunos sostienen.
(13) Fallos "Amonacid Arellano vs. Chile" (2006), "Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú" (2007), "Raxcaco Reyes vs. Guatemala" (2005), "Boyce vs. Barbados" (2007), "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" (2011), entre otros.
(14) "Giroldi" ya cit.; "Bramajo" (Fallos: 310:1840) (1996); "Arancibia Clavel" (Fallos: 327:3294); "Espósito" (Fallos: 327:5668) (2004); "Simón" (Fallos: 328:256) (2007), "Mazzeo" (Fallos: 330: 3248) (2007). Me remito a mi trabajo: "La recepción del derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina y el 'control de convencionalidad'", en LA LEY, 2011-D, 1120.
(15) Ver: SAGÜES, Néstor P., "El control de convencionalidad, en particular sobre las constituciones nacionales", LA LEY, 2009-B, 761.
(16) Me remito a mi trabajo: "Un motivo de reforma constitucional: la competencia originaria de la Corte y la garantía de la doble instancia", en E.D.CO. 01/02-678 (2002).

Enlace: Versión On Line

Dr. Emilio A. Ibarlucía
Profesor de Derecho Constitucional

Juicio por Jurados
Publicado en: LA LEY 27/12/2012 , 1 • LA LEY 2013-A , 902
Cita Online: AR/DOC/6124/2012
27 de diciembre de 2012